El ali­vio fis­cal pa­ra la da­ción en pa­go ten­drá ca­r ác­ter re­tro­ac­ti­vo


El ali­vio fis­cal pa­ra la da­ción en pa­go ten­drá ca­rác­ter re­tro­ac­ti­vo
J. S. G. / M. J.,
El País

El alivio fiscal para los afectados por la dación en pago —pérdida de la vivienda por no poder pagar su hipoteca— tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2014 y desde los ejercicios anteriores no prescritos, según el texto del decreto que el Co…leer más

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Hacienda perdona 74 millones a empresas en concurso desde 2006 en Cinco Días


La aceptación de quitas por parte de la Administración Pública no es habitual, pero sí que se produce en el marco de los procesos concursales. Según datos de Hacienda, ha perdonado deudas fiscales por un importe de 73,8 millones desde 2006. Hacienda se ha adherido a 116 convenios, es decir, pactos entre la empresa y los acreedores que pueden incluir quitas. Desde 2012, Hacienda ha autorizado la adhesión a 31 convenios y aceptado quitas por un valor de 32,1 millones.mf.gif

Hacienda perdona 74 millones a empresas en concurso desde 2006
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Le­ga­do di­gi­tal. Hue­lla 2.0


Le­ga­do di­gi­tal. Hue­lla 2.0
Ka­re­lia Váz­quez POR
El País – EPS

¿QUE DAR­SEO DE SA PA­RE­CER? La pre­sen­cia di­gi­tal em­pie­za ca­da vez más tem­prano, se­gún da­tos de AVG, com­pa­ñía de Se­gu­ri­dad en In­ter­net. Es el ca­so del 33% de los be­bés de Es­ta­dos Uni­dos y Eu­ro­pa, a los seis me­ses de ges­ta­ción de la ma­dre, cuan­do uno de los pa­dres cuel­ga en Fa­ce­book la pri­me­ra eco­gra­fía. Se cal­cu­la que hoy una per­so­na de 30 años ya tie­ne 15 de vi­da ‘on­li­ne’ a sus es­pal­das. ¿Va­le la pe­na con­ser­var to­da esa hue­lla? Dos es­cue­las de pen­sa­mien­to con­tra­dic­to­rias en­tre sí in­ten­tan bus­car una res­pues­ta a es­ta pre­gun­ta. Por un la­do es­tán los lla­ma­dos pre­ser­va­cio­nis­tas, que creen que nues­tros des­cen­dien­tes tie­nen de­re­cho a esa in­for­ma­ción. Por otro es­tán los lla­ma­dos su­pre­cio­nis­tas, que de­fien­den que es vi­tal que In­ter­net apren­da a ol­vi­dar. Su al­ma di­gi­tal, cual­quier co­sa que eso sea, os­ci­la en­tre am­bas pos­tu­ras.. ¿Tiene usted patrimonio?

En los años de vida en Internet hemos ido acumulando información y dejando huellas, abierto cuentas, creando archivos de vídeo o de texto, escrito blogs… Podría, por ejemplo, tener un perfil en Amazon o en iTunes asociado a su cu…leer más

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La jus­ti­cia, por los sue­los en El País


La jus­ti­cia, por los sue­los
PA­TRI­CIA OR­TE­GA DOLZ
El País

“Ha­ce cua­tro años te­nía­mos un re­tra­so de 80 asun­tos; aho­ra son 1.000” “No ha­ce­mos li­bros de sen­ten­cias co­mo di­ce la ley por­que no pa­gan al en­cua­der­na­dor” “La Ciu­dad de la Jus­ti­cia ya pa­só, es un pro­yec­to ca­du­co”, di­ce el con­se­je­ro “En ca­so de in­cen­dio mo­ri­re­mos to­dos, por­que tar­da­mos 25 mi­nu­tos en sa­lir”. Asomarse a la realidad de la justicia madrileña es como mirar por la mirilla de un caleidoscopio de escenas y situaciones insólitas, a veces grotescas. Lejos de la imagen mil veces versionada de la diosa Temis sosteniendo la balanza con una venda en los o…leer más

Declara la AP de Madrid que la realización de protocolos P2P para el intercambio de canciones co nstituye una actividad perfectamente lícita


La Sala no aprecia que la creación y distribución por parte de los demandados de software de intercambio de archivos que permiten poner en marcha protocolos P2P, suponga vulneración de la Ley de Protección Intelectual, ya que no intervienen en el intercambio de archivos de música que pueda realizarse directamente entre los usuarios de los programas informáticos. Y es que aquéllos no son prestadores de servicios de intermediación de internet, ya que su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni facilitan enlaces a otros contenidos, ni incluyen buscadores de éstos.

Leer Resolución judicial: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1128125

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CONSEJO DE MINISTROS DARÁ LUZ VERDE HOY AL PROYECTO DE LEY PARA CONCEDER LA NACIONALIDAD ESPAÑ OLA A JUDÍOS SEFARDÍES (Aranzadi)


(EP).- El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de hoy al proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil para la agilización de la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, y sin necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad.

Actualmente, existen dos medios para obtener la nacionalidad: ser acreditado sefardí y probar residencia legal durante dos años, o por carta de naturaleza, si el interesado tiene circunstancias excepcionales. Con la modificación del artículo 23 del Código Civil, se eliminará el requisito de renunciar a su anterior nacionalidad y se permitirá de este modo la doble nacionalidad, aunque se trate de países con los que hasta ahora no existía esta posibilidad.

Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque este plazo podrá ser prorrogado un año más si así lo decide el Gobierno. Los sefardíes deberán aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente y todo aquello que consideren necesario para acreditar su especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas. Se tendrán en cuenta de manera especial los estudios cursados y las actividades benéficas o sociales realizadas.

En el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia el pasado mes de febrero, se incluía también una disposición transitoria, por la que los sefardíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y aún no se hubiera resuelto, podrán continuar la tramitación de su expediente con el nuevo procedimiento que se aprueba mediante esta ley. En este caso, deberán solicitarlo expresamente y aportar la documentación necesaria para ello.

El ministro Alberto Ruiz Gallardón anunció el pasado 22 de noviembre de 2012 que España concedería la nacionalidad a todos los sefardíes con independencia de su lugar de residencia, siempre que acrediten esta condición y demuestren mantener un vínculo con el país. Además, apuntó que algunos estudios cifran en unas 250.000 los hablantes de judeoespañol.

El subdirector de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ricardo García García, indicó el pasado mes de octubre en una entrevista que el anuncio de la medida por Ruiz Gallardón hace más de un año ha despertado el interés entre la comunidad judía y que ya tienen entre 5.000 y 6.000 expedientes esperando.

Reconomiento histórico

La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.

En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los “antiguos protegidos españoles o descendientes de estos” en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.

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El formulario de Google para retirar datos o el ejercicio del derecho al olvido


Google acaba de poner a disposición de los afectados un formulario para solicitar la retirada de resultados, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que es responsable del tratamiento de datos que realizaba conforme a la normativa europea y que los afectados pueden dirigirse al buscador para solicitar la retirada de esos enlaces.

El formulario (al que se puede acceder desde este enlace) trata de facilitar el ejercicio del llamado ‘derecho al olvido’. A través de él los usuarios deberán introducir los enlaces que les afectan y explicar las razones por las cuales debería retirarse ese resultado.

Hay que tener en cuenta que la sentencia no reconocía el derecho a retirar cualquier información, sino que en algunos casos, como cuando la información pueda tener relevancia pública, el resultado no tiene por qué eliminarse.

Por ello es importante justificar las razones por las que procede la retirada de la información. Si estas razones no convencen a Google, el interesado podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de sus derechos.

Hay varias cuestiones, como pone de manifiesto David González Calleja en El Mundo que nos podemos preguntar en relación con este formulario:

  1. Se indica que “podremos reenviar su solicitud, junto con información complementaria, a la autoridad de protección de datos pertinente, así como informar al webmaster en cuestión cuyo contenido se retire de los resultados de búsqueda a consecuencia de su reclamación”. Se trata de cesiones de datos que Google no tiene por qué realizar. Es especialmente grave la segunda, puesto que se le comunica al webmaster la retirada del enlace. Habrá que ver qué información da Google al webmaster, pero si da datos personales o, si no dándolos, en el enlace sólo hay datos de una persona, por ejemplo, se estará identificando al afectado que ha ejercitado su derecho. Si precisamente el interés del afectado es hacer las cosas discreta y eficientemente, esta comunicación (independientemente de la ilicitud por parte de Google) puede llevar al titular de los datos al efecto contrario.

  2. La AEPD ha rechazado tutelas de derechos por no poderse acreditar el ejercicio del derecho por parte del afectado, cuando este ha enviado su solicitud, por ejemplo, por fax. En este caso el afectado puede tener también problemas de prueba en caso de Google niegue la recepción de la solicitud, o que acuse recibo de la misma sin que quede constancia del contenido del envío.

  3. Es curioso que, pese a que Google muestra buena voluntad para cumplir con la normativa al poner este formulario, no se informa correctamente de las obligaciones de información en la recogida de datos que establece la LOPD.

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