La mayoría de las pequeñas y medianas empresas incumplen la ley de protección de datos

Peluquerías, dentistas, gestorías, hoteles y otras pequeñas y medianas empresas (pymes) guardan datos personales de clientes y empleados con un casi total desconocimiento de cómo gestionarlos y protegerlos. Sólo el 12% cumple la normativa a rajatabla, según la Agencia de Protección de Datos, aunque cada vez son más.

De los tres millones de pymes españolas, el 80% tienen datos de clientes, proveedores, empleados y contactos, según el Estudio sobre incidencias y necesidades de seguridad en las pequeñas y medianas empresas españolas, realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco). La mayoría afirman conocer la existencia de una normativa, pero pocas la aplican.

El 71% de los abogados cree que la Justicia en España funciona mal

El III Informe-Barómetro interno de la abogacía presentado por el CGAE también indica que para el 52% de los abogados colegiados, la situación de la abogacía es buena o muy buena, mientras que para un 27% es mala o muy mala. El 82% de los encuestados piensa que actualmente en España hay demasiados abogados.

Casi tres de cada cuatro abogados colegiados ejercientes encuestados en el III Informe-Barómetro interno de la abogacía realizado por Metroscopia para el CGAE creen que la Administración de Justicia en España funciona mal o muy mal, frente al 17% que opina que lo hace bien o muy bien. Sin embargo a la hora de valorar la situación en líneas generales de la abogacía, el 52% de los encuestados cree que es buena o muy buena, el 27% mala o muy mala y el 20% regular.

Los concursos de acreedores aumentan el 79% hasta marzo

Cada vez son más las empresas, autónomos y particulares que no pueden hacer frente a sus deudas y optan por abrir un proceso concursal que les permita resolver las situaciones de insolvencia y, en la medida de lo posible, reflotar la empresa o la economía familiar.

Entre empresas y autónomos, suman 359 concursos abiertos en los tres primeros meses del año según el INE, un 64% más que en el primer trimestre de 2007. La estadística sobre la Ley Concursal ilustra la situación económica de España. Así, el castigado sector de la construcción concentra la mayoría de insolvencias en el primer trimestre del año.

Forges y la Justicia

Los currículos exagerados se convierten en motivo de despido para el trabajador

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reprocha la conducta de un empleado por el “engaño” a la empresa en cuanto a la titulación académica en la que se basó su contratación. El fallo considera que las irregularidades probadas son de “suficiente entidad” para justificar el despido.

La Justicia ha puesto coto a la vanidosa hinchazón que, en ocasiones, muestran los aspirantes a un puesto de trabajo cuando hablan de sus logros académicos. A raíz del caso de un empleado de una firma de arquitectura y urbanismo, que con una singular astucia logró ocupar el sillón de gerente de la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluye que “haber engañado en cuanto a la titulación académica” merece un reproche que “justifica el despido” de un trabajador (Sala de lo Social, 686/2007).

Los impagos a los comercios se disparan un 77% en febrero

A parte de la moderación en el consumo, la mala situación económica se está dejando notar en la facturación de los comercios también en lo que respecta a la morosidad. Así, según los últimos datos hechos públicos hoy por el INE, el número de las compras que las familias y empresas españolas han dejado de pagar al sector ha aumentado un 17% en febrero hasta las 467.200 unidades frente a 2007. Sin embargo, este repunte se multiplica por cinco si se atiende al importe total de estos impagos, que en el mismo periodo se han disparado un 77,3% hasta alcanzar los 1.429 millones.

El delator de cárteles se mantendrá protegido de las demandas de daños

(Leido en Expansión) El Libro Blanco de la Comisión Europea, publicado el pasado 1 de abril, alienta que consumidores y otras víctimas de infracciones contra el Derecho de la Competencia en la UE reciban una compensación a través de acciones de daños y perjuicios.

Promueve la litigiosidad, menos en el caso de clemencia, en el que protege a la empresa delatora del cártel. Se sigue importando así el modelo jurídico estadounidense, como ya hacen algunos países europeos y, con la Ley de la Defensa de la Competencia de 2007, España. Bruselas se preocupó por este asunto a raíz de la sentencia Courage de 2001 y lanzó un Libro Verde que ahora completa el Blanco. Hasta el 15 de julio, los Estados miembros pueden proponer matizaciones. Aunque en el texto la Comisión sugiere, ya marca directrices que las empresas deben tener en cuenta.

Competencia expedienta a la industria alimentaria por las subidas de precios

El 29 de agosto de 2007, la patronal del sector del huevo, Inprovo, dio una mala noticia a los consumidores: “En agosto, el precio del huevo ha subido un 12%”. No era cierto. Los precios apenas habían subido ese mes, según los datos de Estadística y del Ministerio de Industria. Pero el anuncio se convirtió en una profecía autocumplida: los precios se dispararon en septiembre un 6%. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga ahora si aquella nota de prensa supuso una práctica ilegal. Sus inspectores han encontrado indicios probatorios de que las empresas alimentarias siguieron deliberadamente una política de comunicación destinada a provocar alzas artificiales del precio de alimentos básicos como el pan, el pollo o los huevos.

La leche, el artículo que más ha subido, se ha librado del expediente

La Dirección de Investigación efectuó registros los días 30 y 31 de octubre en la sede de diversas empresas y asociaciones del sector. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los inspectores encontraron correos electrónicos y notas internas entre otra documentación que apunta a prácticas prohibidas para restringir la competencia y hacer subir los precios.

Camacho es condenado a 11 años por el caso Gescartera

La Audiencia Nacional ha condenado a 11 años de prisión -8 por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental- al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho. Además, considera responsables civiles subsidiarios a La Caixa y Caja Madrid.

• 27/03/2008: La Audiencia Nacional publica hoy la sentencia del juicio sobre Gescartera

• 27/03/2008: Gescartera, una sentencia agridulce

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¿De quién es la clientela?

Hasta hace escasas fechas, cuando nos enfrentábamos a pleitos relacionados con la resolución, debida o indebida, de contratos de distribución, los abogados teníamos la sensación de encontrarnos ante una jurisdicción más parecida a la jurisdicción social, que a la civil. Y ello porque los Tribunales conferían al distribuidor un halo de protección que, en ocasiones, parecía más cercano a la consideración que habitualmente los Juzgados de lo Social aplican al trabajador, que a un sujeto, la mayor parte de las ocasiones persona jurídica, con plena capacidad de obrar y con conocimientos suficientes del mercado y, en consecuencia, de las relaciones jurídicas imperantes en él.