La Administración de Justicia: ¿un problema sin solución? En Expansión


La falta de medios personales y técnicos, el consiguiente colapso de los tribunales o el amplio tiempo de resolución de las causas son algunos de los problemas visibles que hay que solucionar en la Justicia.

La Administración de Justicia lleva años sufriendo evidentes carencias de medios profesionales, económicos y técnicos. La aparición de innumerables causas de corrupción, sumado a los recortes presupuestarios a raíz de la crisis, ha mostrado el evidente colapso de los tribunales.

En esta retrospectiva sobre los problemas de la Justicia, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación de jueces Francisco de Vitoria (Ajfv), Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero, respectivamente, comparten con EXPANSIÓN sus propuestas para mejorar el sistema.

Falta de inversión
Una de las mayores dificultades que sufre la justicia española es la falta de presupuesto con la que cuenta. “Éste es el problema con mayor peso. Si no se desbloquea dinero para adaptar nuestra justicia al siglo XXI, ningún cambio será posible y no conseguiremos nada”, explica Carnicer.

“Tenemos una evidente falta de medios y esto provoca que contemos con una justicia infradotada en todos los sentidos: en gastos en justicia, en número de jueces y en medios técnicos e informáticos. Es difícil poner una cifra exacta, pero es evidente que el Gobierno debería entender que la justicia es un apartado en el que siempre hay que invertir para el buen funcionamiento del país, como sucede en Alemania”, completa Bosch.

Número de jueces
Otro de los asuntos que merma la falta de eficacia y agilidad de nuestra administración de justicia es, según estos expertos, la escasez de jueces.

“Estamos muy por debajo de la media de la UE en el número de jueces por habitante. No sólo no nos acercamos al ratio medio europeo –21 jueces por cada 100.000 personas, según la Comisión–, sino que nos faltan 10 jueces por cada 100.000 ciudadanos para alcanzar ese nivel. Necesitamos duplicar nuestra cifra de magistrados y pasar de los 5.155 actuales a unos 9.000 ó 10.000″, comenta Sexmero.

Evolución tecnológica
“Tecnológicamente estamos anclados en el pasado. Contamos con sistemas informáticos de mediados del siglo XX, cuando estamos en 2014″, dice el portavoz de la Ajfv.

Un dato que corrobora Bosch y que completa al afirmar que “la Administración de Justicia sufre carencias estructurales e informáticas de peso. No es lógico que el sistema utilizado por la Fiscalía no sea compatible con el de ciertos juzgados o el utilizado en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos que tender a la eliminación de papel”.

Por su parte, Carnicer pone como ejemplo a seguir el expediente electrónico de justicia gratuita desarrollado por el CGAE.

Los tres aseguran que si se hubiera realizado hace 15 ó 20 años una inversión semejante a la realizada en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social, la situación de la justicia española actual no tendría nada que ver.

Normativas poco eficaces y con mala dotación
La polémica ley de tasas es el ejemplo escogido por los tres expertos como una reforma innecesaria y que ha generado una justicia menos eficaz y que ha limitado drásticamente el acceso de los ciudadanos a ella.

También coinciden en citar como un gran fracaso la ley orgánica sobre la Oficina Judicial. “Esta herramienta lleva 10 años estancada por falta de una inversión adecuada. Es evidente que este sistema habría generado una justicia más eficaz, pero si éste no va acompañado de una dotación adecuada, nunca podrá echar a andar”, asegura el portavoz de JpD.

Reformas necesarias
Sexmero afirma que una de las normas que deberían revisarse con urgencia es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “ya que no se adapta a los tiempos actuales, a las nuevas técnicas de investigación y no aporta las garantías suficientes a muchos procesos”.

De la misma opinión se muestra el portavoz de JpD, que asegura que “se trata de una ley del siglo XIX, farragosa y que no tiene en cuenta la delincuencia actual”.

(Re)organización
Para Bosch, el sistema organizativo de nuestra justicia “es igualmente del siglo pasado y no se ajusta a las necesidades actuales y por eso hay que llevar a cabo una reforma profunda y estratégica, para repartir mejor la carga de trabajo y apoyar a los tribunales más sobrecargados. Pero esto no se debe de hacer mediante la centralización, porque esto implicaría alejar la Administración de Justicia de los ciudadanos”.

Corrupción y sobrecarga
Frente a la sobrecarga de trabajo de los jueces que se hacen cargo de macrocausas, además de los asuntos de su tribunal, Carnicer apuesta por una suerte de liberación del magistrado de los asuntos con menor peso.

Por su parte, Bosch cree que “se está empezando a apoyar a estos jueces, pero es necesario hacerlo más y mejor, para que las macrocausas se resuelvan antes y la ciudadanía perciba que la justicia es justa y eficaz”.

Arbitraje y mediación
Tanto Bosch como Carnicer creen que el arbitraje y la mediación pueden servir de alivio a la Administración de Justicia, pero nunca serán la solución a sus problemas.

Sexmero, por su parte, sí cree en la mediación y piensa que “sería una buena medida para aligerar los procesos penales y evitar conflictos judiciales. Pero siempre que contara con una ley ambiciosa”.

Pacto de Estado
Otro asunto en el que los tres juristas coinciden es en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que dé estabilidad a la justicia española y que prevea un plan de inversión a largo plazo.

De esta manera, la justicia no sufriría los vaivenes generados por los cambios de color político del Gobierno y no viviría desinversiones presupuestarias por la situación económica del país.

Ministro fuerte
Según Bosch, todos los cambios estructurales y estratégicos necesarios para que todo funcione mejor y de manera más ágil sólo pueden venir de la mano de un ministro “fuerte, conocedor de los entresijos de la justicia, concienciado con la necesidad de cambios y que cuente con un equipo ministerial muy técnico e informado”.

Decálogo para un buen funcionamiento Carlos Carnicer, Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero creen que existen muchos asuntos por resolver para que la justicia sea más ágil y eficaz, pero proponen ciertas soluciones para cambiar el sentido de esta Administración del Estado:

1. Apostar por la justicia en los presupuestos generales del Estado y adecuar las cifras de inversión a las medias de los mejores miembros de la UE.

2. Ampliar definitivamente el número de jueces para, una vez más, ponerse a nivel de la media europea. España necesitaría duplicar su cifra actual.

3. Mejorar los sistemas informáticos para lograr el objetivo de papel cero.

4. Centrarse en las reformas importantes que permitan agilizar la justicia, como el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. Que antes de generar un cambio legislativo se tenga en cuenta la dotación económica necesaria para llevarla a cabo.

6. Realizar una reforma profunda de la organización actual del sistema judicial.

7. Ampliar el apoyo en cuestión de personal y en asuntos técnicos de los jueces que se enfrenten a macrocausas.

8. Dotar al sistema del arbitraje de una buena ley para que sirva de alivio a la carga de trabajo de los tribunales.

9. Alcanzar un pacto de Estado en cuestión de justicia para realizar cambios a largo plazo.

10. Contar con un ministro conocedor de los problemas que esté dispuesto a realizar cambios radicales para solventarlos.

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La Administración de Justicia: ¿un problema sin solución? En Expansión

Fija el TS doctrina jurisprudencial en relación a la calificación de los créditos contra la m asa derivados de la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación anteriore s a la declaración de concurso


Fija el TS doctrina jurisprudencial en relación a la calificación de los créditos contra la masa derivados de la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación anteriores a la declaración de concurso

El TS fija como doctrina jurisprudencial que el art. 84.2.5.º de la Ley Concursal debe interpretarse en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada con posterioridad a la declaración de concurso por la no readmisión del trabajador y los salarios de tramitación correspondientes al periodo posterior a dicha declaración de concurso, aunque el despido fuera acordado con anterioridad a la declaración de concurso.dRao8qKKOAE

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Fija el TS doctrina jurisprudencial en relación a la calificación de los créditos contra la m asa derivados de la indemnización por despido improcedente y los salarios de tramitación anteriore s a la declaración de concurso

Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.


BOE – Boletín Oficial del Estado Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.

I. Disposiciones generales – MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – Salarios. Modelo de recibo – Referencia: BOE-A-2014-11637 – KBytes: 236 – Páginas: 4

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Saludos,

Enrique Catalina Esteban

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Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.

La Justicia avala la buena fe del administrador en los concursos


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Aunque los acreedores intentan que se califiquen como culpables los procesos de quiebra para recuperar el máximo posible de los cobros pendientes, los jueces suelen decantarse a favor de los directivos.

La actividad concursal en España ya muestra signos de que se está produciendo un cambio de tendencia. Aunque el número de procesos de insolvencia registrados este año ha descendido, eso no quiere decir que se hayan descongestionado los juzgados, ya que los acreedores siguen intentando recuperar el máximo posible de las deudas contraídas con quienes terminan en liquidación.

En un intento por asumir unas pérdidas menores, es bastante habitual que los acreedores soliciten al juez que califique el concurso como culpable, de forma que los administradores que llevaron a la empresa a la situación de insolvencia se vean obligados a cubrir con su patrimonio personal las deudas que queden por pagar tras liquidar los activos de la compañía.

Sin embargo, y a falta de cifras oficiales, los expertos calculan que más de un 80% de las decisiones judiciales terminan calificando el proceso de fortuito, es decir, liberando a los administradores de toda responsabilidad, por lo que son los acreedores quienes tienen que asumir las pérdidas por aquellas facturas o créditos que no van a cobrar.

De esta forma, los jueces van poniendo poco a poco orden en la normativa concursal, que ya lleva varias reformas a sus espaldas. Aun así, no ha sido fácil, ya que los tribunales tampoco se ponían de acuerdo en la interpretación de la norma, sobre todo en lo que a la responsabilidad de los administradores se refiere.

En un primer momento, mientras los jueces de Madrid se inclinaban por una sanción más objetiva y amplia de la responsabilidad de los socios o administradores, los de Barcelona ligaban el alcance sólo a las decisiones que tenían un impacto directo de culpabilidad. Finalmente, actuó de árbitro el Tribunal Supremo, que se decantó por la jurisprudencia catalana. En una reforma posterior, la ley adaptó esta decisión, aclarando que los administradores responden con su patrimonio en la medida que hayan generado o agravado la situación de insolvencia, limitando así el alcance de las sanciones.

Normativa Por ejemplo, si un concurso es declarado culpable, el administrador no tiene que cubrir todo el agujero patrimonial, sino sólo aquella parte que se deba a una actuación incorrecta o no conforme a la ley. Éste es uno de los motivos por los que los jueces se decantan con más frecuencia a favor de los concurso fortuitos. Para que un acreedor consiga que se declare culpable la gestión del administrador, «es necesario demostrar y acreditar el daño», además de calcular el impacto que esa acción concreta ha tenido en la situación de insolvencia, según explica Adrian Dupuy, socio de PwC Tax & Legal.

Este experto señala que hay otros factores que explican el hecho de que la mayor parte de los concursos se califiquen como fortuitos. La normativa vigente estipula que si el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coinciden a la hora de señalar que el proceso es fortuito y no cabe exigir responsabilidades a los gerentes, el juez está obligado, por ley, a archivar las actuaciones. Además, contra esta decisión no se puede recurrir.

Entre otras cosas, lo que pretende esta medida es agilizar los procesos, sobre todo, teniendo en cuenta que, en España, más del 90% de las compañías que se declaran en concurso de acreedores acaba finalmente en liquidación, que es cuando se abre la fase de calificación.

Dupuy explica que la normativa concursal «limita la responsabilidad patrimonial», de forma que un administrador no tenga que hacer frente a las deudas de la compañía con sus recursos personales por el mero hecho de tomar una decisión empresarial que no ha logrado los resultados previstos o ha salido mal. Sin embargo, sí castiga al gestor que haya actuado de mala fe o de forma contraria a la ley.

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La Justicia avala la buena fe del administrador en los concursos

Aspectos jurídicos de los concursos y sorteos con fines publicitarios o promocionales por Iurismát ica Abogados


  • 1. Aspectos jurídicos de los concursos y sorteos Jorge Campanillas Abogado
  • 2. • Sorteos y concursos promocionales: Se entiende por combinación aleatoria la realización de sorteos por cualquier medio o soporte, incluido el telemático y electrónico , que con fines estrictamente publicitarios o promocionales de un producto o servicio objeto de publicidad, ofrecen determinados premios en metálico, especies o servicios, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarifación alguna cualquiera que fuera el procedimiento o sistema a través del que se realice. 2
  • 3. • Sorteos y concursos promocionales: • Autorización LAE – Comunicación (caso gratuitos). • http://www.ordenacionjuego.es/es/rifas-juego-ocasionalhttp://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-jyefchp/es/contenidos/autorizacion/j_declaracion_combin acion_alea/es_fcha/j_tramitacion.html • Impuestos / tasas. • Bases legales (recomendación depósito bases notario).: • Identificación organizador. • Carácter gratuito o no de la promoción • Fechas de comienzo y terminación del sorteo promocional • Fecha del sorteo y modalidad • Reglas y condiciones para participar. • Protección de datos de carácter personal. → Recolección de datos 3 ¿finalidad? ¿fichero?
  • 4. • Sorteos y concursos promocionales: • Bases legales (recomendación depósito bases notario): • Penalizaciones en caso de uso fraudulento del sistema de votaciones. • Cesiones de derechos de imagen • Cesiones derechos propiedad intelectual. ¿fotografías/vídeos? • Posibilidad de prorrogar o suspender el sorteo (ej. por causas de fuerza mayor). 4
  • 5. • Sorteos y concursos promocionales: • Además comprobar condiciones uso plataformas. 1. Si utilizas Facebook para administrar una promoción o enviar comunicaciones acerca de ella (por ejemplo, un concurso o sorteo), serás responsable de que el funcionamiento de la promoción cumpla la legalidad vigente. Esto incluye lo siguiente: • a. Las reglas oficiales. • b. b. Los términos de la oferta y los requisitos para optar a la promoción (por ejemplo, restricciones de edad y lugar de residencia). • c. El cumplimiento de las normativas que afecten a la promoción y a los premios ofrecidos en ella (por ejemplo, la comunicación a las autoridades pertinentes y la obtención de los permisos necesarios) 5
  • 6. • Sorteos y concursos promocionales: • Además comprobar condiciones uso plataformas • 2. Las promociones en Facebook deben incluir lo siguiente: • a. Una exoneración completa de Facebook de toda responsabilidad por parte de cada concursante o participante. • b. Un reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook. 6
  • 7. • Sorteos y concursos promocionales: • Además comprobar condiciones uso plataforma • 3. Las promociones pueden administrarse en las páginas o aplicaciones de Facebook. Las biografías personales no deben utilizarse como medio para administrar promociones (por ejemplo, no está permitido el uso de oraciones como “compártelo en tu biografía para participar” o “compártelo en la biografía de tu amigo para conseguir participaciones adicionales”). • 4. No recibirás ayuda en la administración de tu promoción y, al utilizar nuestros servicios para administrarla, aceptas que lo haces bajo tu propia responsabilidad. 7
  • 8. ¡Muchas gracias por vuestra atención! Jorge Campanillas Iurismática Abogados, S.L.P.
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Pen­sión ali­men­ta­ria has­ta los 31


Pen­sión ali­men­ta­ria has­ta los 31
NA­TA­LIA JUN­QUE­RA
El País

El juez: “Un tí­tu­lo uni­ver­si­ta­rio no ga­ran­ti­za con­se­guir un tra­ba­jo” Una mu­jer de 29 años que no aca­ba la ca­rre­ra re­ci­bi­rá 500 eu­ros al mes. La crisis, aseguran varios abogados de familia, ha multiplicado las demandas de padres e hijos que se denuncian entre sí alegando, los primeros, que al quedarse en paro o haberles recortado el sueldo no son capaces de pagar la pensión alimentaria fijada t…leer más

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El Supremo establece que la IP es un dato personal y prohibe su recopilación sin consentimiento de los usuarios de redes P2P


El Supremo establece que la IP es un dato personal y prohibe su recopilación sin consentimiento de los usuarios de redes P2P
Legal Today Actualidad

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El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de la asociación Productores de Música de España (Promusicae) de recopilar sin consentimiento de los afectados los datos de los usuarios de redes P2P (peer to peer) -mediante las cuales se comparten archivos musicales- con el fin de ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los productores y editores de fonogramas y videos musicales.

Original Article: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-supremo-establece-que-la-ip-es-un-dato-personal-y-prohibe-su-recopilacion-sin-consentimiento-de-los-usuarios-de-redes-p2p

Saludos,

Enrique Catalina

www.accabogados.com

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