Solo el 7% de los juicios empieza de forma puntual


Solo el 7% de los juicios empieza de forma puntual
diariojuridico.com – Derecho y Noticias Jurídicas

Oriol Rusca

Oriol Rusca, junto a otros miembros del ICAB, en la presentación del Informe sobre la Justicia 2014 / Foto: L. Farré

La falta de recursos siempre ha sido una de las causas citadas a la hora de explicar la lentitud de la Justicia. Sin embargo, los más de 300 abogados encuestados para elaborar el Informe de la Justicia 2014 añaden otra explicación, a la que todavía le dan más importancia: la mala organización de los órganos judiciales.

Una de las quejas más reiteradas por parte de los abogados son los retrasos en la celebración de las vistas programadas. Según el informe, elaborado por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), estos retrasos responden en un 47% a la falta de organización judicial; un 29% al retraso del juez; un 14% al del fiscal; un 9% al retraso de las partes o los testimonios y únicamente un 1% al retraso de los propios abogados.

Hay otra cifra considerable: solo el 7% de los jucios señalados en el área de Barcelona se celebran a su hora, mientras que el 36% sufren retrasos de entre 5 y 15 minutos y otro 36% experimenta retrasos de hasta media hora. Según los letrados, esto provoca largas esperas en los pasillos de los juzgados, a la vez que “la carencia de espacios diferenciados provoca que las partes en litigio tengan que estar cercanas físicamente, lo que puede generar incidentes”, explica la abogada y diputada del ICAB, Eva Pous.

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Puntualidad en el inicio de los procedimientos / Fuente: ICAB

Más allá de los señalamientos, también se retrasan las tramitaciones de los asuntos. Un aplastante 96% de los encuestados asegura que los plazos no se cumplen, hecho que achacan a un organización judicial deficiente (39%), por encima de la falta de recursos que también se concibe como una causa del problema, en un 34% de las respuestas.

Suspensión de medio millón de juicios

La falta de organización también se pone de manifiesto en la suspensión de los juicios. Según el informe, en 2013 se vieron abocados a la suspensión más del 9% de los juicios señalados en Barcelona, lo que significa que se retrasaron más de 540.000 procedimientos y se obligó a señalar fechas nuevas y volver a desplazar a los intervinientes “con las molestias que obviamente suponen para testigos o profesionales en general”.

Según el informe, la causa más común para que se dé la suspensión es la falta de realización de alguna notificación o citación, lo que ocurre en seis de cada diez casos.

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Causas de suspensión de los juicios / Fuente: ICAB

Eva Pous, abogada especializada en derecho laboral y diputada del ICAB, explica que “los juzgados no comprueban previamente a la fecha del juicio que todas las personas que deben comparecer en el juicio estén bien citadas, ni comprueban la concurrencia de motivos de suspensión comunicados previamente. Por ejemplo, que a una de las partes la tengan que intervenir quirúrgicamente. Esto provoca un mayor colapso de los tribunales y molestias innecesarias para todas las partes”, lamenta. En este sentido, Pous propone que el índice de suspensiones sea un indicador del trabajo realizado en los juzgados y que sea “conocido por todos”.

“Es una cuestión de respeto. No podemos permitir que se trate a la gente como no toleraríamos que se nos tratara a nosotros“, dice el decano del ICAB, Oriol Rusca. Este abogado penalista considera que las nuevas tecnologías también ayudarían mucho en la organización judicial como herramienta de comunicación para avisar de retrasos o posibles suspensiones. “Ya no hablo del Whatsapp, pero al menos que se utilice el mail. Todo el mundo va con móvil y aquí todavía hay que llevar los papeles a la taquilla”, lamenta.

Un juicio cada 10 minutos

No se pueden celebrar juicios cada 10 minutos o cada cuarto de hora y esto es lo que está pasando en la jurisdicción penal y social”, asegura Pous. “Esto provoca que tanto los ciudadanos como las partes tengamos que esperarnos una, dos, tres horas… Y este problema tiene solución”, asegura. La diputada del ICAB aboga por hacer entrevistas antes del juicio para lograr conciliaciones o conseguir la puntualidad en los señalamientos. “El tiempo es oro para todo el mundo”, recuerda.

La concentración de la actividad judicial, y especialmente de los señalamientos, en tres días de la semana (martes, miércoles y jueves) es otro hecho valorado negativamente en el informe. Además se ha detectado una falta de información en relación a los señalamientos de manera visible y con uso de los medios existentes.

El informe se ha elaborado a partir de encuestas online de periodicidad anual, una pregunta quincenal a través de la página web del Colegio (barómetro de opinión) y trabajos de campo en los edificios judiciales para detectar los problemas reales en que se encuentra la abogacía en el ejercicio de la profesión. Otra de las conclusiones principales del estudio de este año es que los abogados consideran que la situación de los juzgados y tribunales ha empeorado respecto al año anterior.

Original Article: http://www.diariojuridico.com/solo-el-7-de-los-juicios-empieza-de-forma-puntual/

Saludos,

Enrique Catalina Esteban

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El precio del petróleo desciende hasta los 86 dólares el barril por primera vez en casi cuatro a ños


El precio del petróleo desciende hasta los 86 dólares el barril por primera vez en casi cuatro años
Expansión.Com – Últimas Noticias

El precio del petróleo continuaba con la tendencia a la baja de los últimos días y se situaba por primera vez desde diciembre de 2010 en los 86 dólares, lastrado por la debilidad de la economía mundial y la elevada oferta de crudo a nivel global. Leermf.gif

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Los secretos de las bajas laborales: mobbing, depresión y ansiedad por Germán Rodríguez Udiz en Blog Sage Experience


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La depresión, la ansiedad y el acoso laboral (mobbing), representan diferentes tipos de lesiones anímicas que puede padecer un trabajador bajo determinadas circunstancias laborales o personales, pero debemos ahondar en estos conceptos para entender las diferencias existentes entre ellas y su tratamiento específico dentro de nuestro marco legal y judicial.

Hablamos de patologías que en algunos casos no están reconocidas como tales en la normativa, pero que tienen un amplio recorrido jurídico y que por tanto, se encuentran más definidos de lo que podríamos pensar a priori, también en lo relacionado con las bajas laborales.

Ansiedad y depresión

La ansiedad y la depresión pueden producirse como efecto de la exposición prolongada al estrés, pero lo cierto es que cada persona puede reaccionar de una manera muy diferente a las mismas situaciones. Además, son padecimientos que pueden surgir por motivos muy variados, tanto dentro como fuera del trabajo, en cuyo caso podríamos estar hablando de una “enfermedad común”.

También hay que considerar las dificultades que existen a la hora de diagnosticar estos problemas, dándose numerosos casos de fraude en las solicitudes de baja, al fingir los síntomas. Esto último supone una vulneración de la buena fe contractual, lo que puede desembocar en despido disciplinario si se consiguen las pruebas necesarias para demostrar que se está fingiendo una enfermedad de este u otro tipo.

Es importante que entendamos por qué menciono la palabra “invalidante”, ya que no todos los procesos de depresión o ansiedad son incompatibles con el trabajo, así que no todos podrán justificar una baja laboral. Esta solo se producirá cuando la realización del oficio perjudique su recuperación o cuando dificulte el tratamiento prescrito.

Será un facultativo el que deberá certificar la baja, como con cualquier tipo de enfermedad. Ahora bien, nuestros tribunales han reconocido algunas lesiones anímicas producidas por circunstancias laborales, que conllevarían baja por “accidente laboral” (incapacidad temporal) y que pueden ayudarnos a entender el concepto:

  • Depresión reactiva al acoso sexual
  • Ansiedad derivada de conflictos laborales
  • Depresión causada por modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Es comprensible que nos choque que este tipo de problemas psíquicos sean considerados como accidente, pero tiene lógica cuando pensamos que son patologías producidas en el lugar de trabajo o a consecuencia directa de la realización del mismo. Los efectos sobre el trabajador pueden ser muy variados:

  • Abatimiento
  • Falta de concentración
  • Baja autoestima y confianza
  • Poca motivación
  • Carácter irascible
  • Mal humor
  • Pérdida de respuesta emocional
  • Falta de decisión

No son lesiones visibles, pero sí que tienen un efecto directo sobre el trabajador, sobre todo cuando este se encuentra en su puesto de trabajo, por lo que podría decretarse la baja cuando así lo consideren los médicos, independientemente de que estemos ante una enfermedad producida o no en el lugar de trabajo, siempre que trabajar sea perjudicial para la recuperación.

Normalmente se podría considerar que existe un accidente laboral cuando se produce una enfermedad común (no reconocida como profesional) como consecuencia directa del trabajo, pudiéndose demostrar la relación causa/efecto. En cualquier caso, el periodo de baja se determinará según la gravedad de cada caso concreto.

Acoso laboral o “mobbing”

En ocasiones se tiende a etiquetar un conflicto laboral como acoso o “mobbing” de forma equivocada. Esto fue empeorando debido a la inexistencia de un marco legal específico, aunque en la reforma del código penal al fin se ha introducido como un delito penal.

Por fortuna los tribunales ya venían manifestándose a la hora de clasificarlo como accidente laboral, ayudándonos a tener una definición mucho más completa de lo que el Código Penal nos proporciona.

De hecho, el 10 de Febrero de 2014 se manifestó a este respecto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia, para matizar cuándo podemos hablar de acoso laboral:

  • Que estemos ante un hecho sistemático
  • Que se produzca el acoso de forma prolongada en el tiempo
  • Que se aproveche para ello la situación de superioridad sobre el empleado (esto lo aporta la última reforma del Código Penal)
  • El acoso moral hacia el trabajador se produce cuando “se le ningunea, hostiga, amilana, machaca, fustiga, atemoriza, amedrenta, acobarda, asedia, atosiga, veja, humilla, persigue o arrincona”

Por tanto, no debemos confundir las situaciones de tensión producidas por desencuentros o malentendidos en el trabajo o las situaciones de estrés propias del desarrollo normal del mismo, con prácticas de mobbing.

Si estuviéramos hablando de lesiones físicas, podríamos decir que no es lo mismo caerse en un pasillo de la oficina a que te hagan la zancadilla. Cada caso puede terminar en consecuencias legales muy diferentes, al igual que se pueden desprender determinadas responsabilidades.

Con la ampliación del artículo 173 del Código Penal, se iguala el acoso laboral a otro tipo de torturas y delitos contra la integridad moral.

De lo dispuesto en el mismo se desprende que en principio no existiría castigo penal cuando el acoso moral se produzca por parte de empleados del mismo rango jerárquico, ya que no se estarían aprovechando de una “relación de superioridad”, pero el trabajador no debería descartar la posibilidad de emprender acciones legales.

Además, el empleado deberá poner en conocimiento del empresario el acoso al que estaría siendo sujeto, pues este podría ser considerado cómplice de estas prácticas cuando no trate de solucionar esta situación aprovechando sus poderes directivos.

Un trabajador afectado por el acoso laboral puede defender su integridad mediante diversas vías, pero ante todo es recomendable que contacte con un abogado que analice su caso específico y estudie la posibilidad de solicitad una inspección de trabajo, se avise al Comité de Seguridad y Salud de la empresa o representante de los trabajadores, etc.

Cuando se demuestre, podrá lograrse una compensación por daños y perjuicios y la extinción indemnizada del contrato, pero además podrá pedirse una condena de seis a dos años de cárcel para el acosador cuando este sea un superior. Por otro lado, en caso de que a causa del acoso laboral el trabajador sufra una enfermedad profesional que le incapacite, podrá solicitar la pensión correspondiente.

Si hablamos de lesiones psíquicas o anímicas derivadas del acoso, también podrá percibirse una pensión cuando los médicos consideren que es lo suficientemente grave como para incapacitarle, aún cuando no estén contempladas en el listado de enfermedades profesionales.

Tampoco podemos obviar la posibilidad de acudir a otros artículos del Código Penal en caso de acoso laboral, como el 314 (grave discriminación en el empleo), el 316 (infracción de las normas de prevención de riesgos laborales) o el 317.

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42.000 sentenciados a trabajos buscan lugar donde cumplir la pena


42.000 sentenciados a trabajos buscan lugar donde cumplir la pena
ELPAIS.com – Última Hora

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Unos 42.000 condenados, la mayor parte de ellos por delitos contra la seguridad vial, están a la espera de encontrar plaza en un lugar donde expiar su culpa. Han sido sentenciados a efectuar trabajos en beneficio de la comunidad, una figura jurídica con 18 años de vida que les permite evitar la prisión o ahorrarse multas. El problema es que no hay oferta suficiente para todos, a pesar de que los jueces recurren cada vez menos a este tipo de sentencias. La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas registró 93.700 condenas de este tipo en 2013, pero las plazas disponibles para cumplirlas rondaban las 30.000. Al final, muchas penas prescriben sin que haya habido oportunidad de saldarlas.

Manuel Pineda, un dominicano que llegó a España hace 15 años, acaba de cumplir su condena. Durante tres meses ha echado una mano en el Centro de Acogida para Personas Sin Hogar San Isidro de Madrid. Hasta allí llegan cada día indigentes en busca de cobijo, comida y compañía. Convertido en TBC (siglas de trabajos en beneficio de la comunidad) del centro, Pineda ha purgado con esta tarea de ayuda social el haberse saltarse un semáforo en estado de ebriedad. Este tipo de castigo, privativo de derechos, es una medida alternativa o reductiva de la condena —a prisión o multa—.

La mitad de las penas de los TBC responde a delitos relacionados con la carretera; la otra, se reparte entre violencia de género (25%) e infracciones diversas. Pineda cumplió una sentencia de 240 horas. Podía haber ido al centro dos horas diarias durante seis meses o cuatro durante la mitad de tiempo. Optó por lo último.

Pineda tenía 19 años cuando se saltó el semáforo; hoy tiene 28. Entre el delito y la carta que le comunicó el inicio de los servicios sociales han pasado dos hijos y una emigración. “Me fui de España hace cinco años para mejorar mi situación y cuando tenía mi vida hecha, me hacen volver”, se lamenta. Su juicio se retrasó, el proceso se alargó y cuando partió para Reino Unido todavía no le habían notificado su condena.

La demora de la burocracia y la falta de plazas para llevar a cabo la pena retrasa su cumplimiento en ocasiones hasta su prescripción. Los TBC superiores a más de treinta días de trabajo —como el caso de Pineda— prescriben a los cinco años de haberse dictado el fallo; los que son pena leve, al año. José Ángel Brandariz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y experto en estos trabajos, explica que no existen datos de vencimiento de penas, pero que “el boom de condenas de este tipo en 2007-2009 provocó un colapso” que sigue patente. En ese periodo los sentenciados que esperaban una plaza rondaban el 80%. Desde entonces se dictan la mitad de condenas. “Hoy los magistrados han cambiado su actitud en favor de la recaudación”, apunta Brandariz.

Son las Administraciones —principalmente los Ayuntamientos—, las entidades sociales —como ONG— y los centros penitenciarios quienes ofrecen plazas de este tipo. Madrid es la segunda comunidad con mayor oferta (3.145 plazas), detrás de Andalucía, con más de seis mil. El seguimiento de cada infractor debe realizarlo el director del centro donde se cumple la pena. Pero las faltas de asistencia son recurrentes y provocan la prolongación del tiempo de condena e incluso su suspensión. “No cumplir la pena acarrea incurrir en un delito de quebrantamiento que siempre lleva aparejada prisión”, aclara Gabriela Boldó, jueza sustituta y profesora en la Universidad de Barcelona.

A Pineda, residir en el extranjero con su familia y tener un puesto de trabajo como ayudante de cocina no lo salvó: “Me dijeron que o volvía a España o me ponían en busca y captura”. Asegura que intentó que le conmutaran el castigo por una multa para no tener que regresar a España y arriesgarse a perder su trabajo, pero le informaron de que esa opción ya no existía. Mientras estuvo en España recibía dinero de su mujer y se alojaba en casa de su hermano.

Las tareas que desempeñó en el centro eran principalmente de mantenimiento: “Arreglar una puerta, limpiar las escaleras, ayudar con la gente que no se vale por sí misma y, siempre que se podía, sacar una sonrisa con mis chistes malos a los que están más bajos de moral”.

Las funciones que llevan a cabo los sentenciados a TBC son de apoyo en centros asistenciales, en campañas o eventos culturales y deportivos, y de ayuda en tareas de albañilería o jardinería si conocen el oficio. Darío Pérez, director del departamento del Samur Social de Madrid, aclara que “en ningún caso el penado realiza labores profesionales, el servicio va a funcionar estén ellos o no. Tampoco sustituyen al voluntario. Ellos pueden ayudar a repartir comida, pero si no están, la comida se reparte igual”.

A partir de 2009, los talleres de sensibilización, que buscan concienciar a los infractores sobre cuestiones de género y responsabilidad vial, entraron a conmutar como TBC debido al alto número de casos relacionados con estos delitos. Las infracciones menores son las “estrellas del Código Penal”, puntualiza Brandariz, “son las menos cuantiosas, pero las que se llevan la mayor parte de sentencias”. Solo en infracciones de tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial estima que acabará 2014 con unas 95.000 condenas, un 14% más que el año pasado. “Los TBC son una opción muy positiva”, defiende el profesor.

Los infractores escogen qué tipo de labor realizar, aunque en el caso de los talleres suelen ser recomendados por el juez. El delito y el trabajo que se realiza no siempre tienen correspondencia, pero expertos como la jueza Boldó consideran “aconsejable” que sea así, “puesto que es más fácil que el penado entienda las consecuencias de su conducta y que se consiga el fin educativo que se persigue”. A Pineda le ofrecieron ayudar en el mantenimiento de carreteras o jardines, pero como había sido voluntario en una organización de asistencia social, prefirió el centro de acogida. Aunque no tiene relación con el delito que cometió, el director del Samur Social matiza que, en cualquier caso, “devuelve a la sociedad su falta y se acerca a un colectivo que quizás nunca hubiese conocido, con el que empatiza y que le muestra la realidad social a la que te puede empujar salirte del sistema”.

La falta de plazas provoca la acumulación de personas que esperan un puesto. Brandariz opina que “los jueces pueden percibir este problema y por eso optan por otras medidas, ignorando la opción de los TBC”. Boldó propone una solución para que ni se dejen de aplicar ni prescriban estas condenas: “Existen determinadas actividades que podrían realizarse con un ordenador e Internet, sin que sea necesario un desplazamiento, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo”.

Original Article: http://elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411138565_127844.html

Saludos,

Enrique Catalina Esteban

http://about.me/ajuece

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Transcurrido el plazo de tres meses sin que el FOGASA haya resuelto la petición de prestaciones por los trabajadores, la misma ha de entenderse estimada por silencio positivo


Transcurrido el plazo de tres meses sin que el FOGASA haya resuelto la petición de prestaciones por los trabajadores, la misma ha de entenderse estimada por silencio positivo
Iustel – Diario del Derecho – Notas de Jurisprudencia

Se desestima por la Sala el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia que condenó al FOGASA al pago de las cantidades reclamadas por los actores, y que les eran adeudadas por la empresa en la que prestaban sus servicios que fue declarada en situación concursal.2nD04UOeqL8

Original Article: http://feedproxy.google.com/~r/Iustel/Diario_Del_Derecho_45/~3/2nD04UOeqL8/noticia.asp

Saludos,

Enrique Catalina

www.accabogados.com

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Una nueva modificación de la Ley Concursal facilita los acuerdos para que sobrevivan las empresas que entren en concurso


Una nueva modificación de la Ley Concursal facilita los acuerdos para que sobrevivan las empresas que entren en concurso
Legal Today Actualidad

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. Ya en vigor, su objetivo es facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en un proceso concursal: se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como otros artículos de la misma ley relacionados con dichos aspectos. En concreto, se establece un mejor engranaje entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación, y se eliminan los obstáculos legales para la venta de empresas o unidades productivas sin cargas.

Original Article: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/una-nueva-modificacion-de-la-ley-concursal-facilita-los-acuerdos-para-que-sobrevivan-las-empresas-que-entren-en-concurso

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