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¿Qué es el derecho de admisión?


Es un derecho consistente en establecer que personas pueden acceder a un establecimiento público o privado y/o, en su caso, permanecer en él.

Está reconocido normativamente en el art. 59.1.e) del Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. Subrayar e insistir en la indiferencia de la titularidad pública o privada de estos establecimientos.

El tenor literal del precepto dice así:
“ 1. El público no podrá:…
e. Entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la Empresa tuviese condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos.”

El acceso y permanencia de menores de dieciséis años a ciertos establecimientos viene expresamente recogido en los artículos 60 y 61 del indicado Real Decreto.

Hay que aducir mención concreta de las condiciones para ejercitar la reserva del derecho de admisión que el propio texto trascrito recoge de forma expresa, clara y terminante: una exposición bien visible de carteles o publicidad en los accesos a los mismos, en los cuales se especificará de forma concluyente los requisitos necesarios para entrar/permanecer en el local.

Está prohibido, no basta y, consecuentemente, no es válido y no surtirá efectos el cartel con el único enunciado “Reservado el Derecho de Admisión”. La jurisprudencia es pacífica y reiterada en dicho extremo y normativas de Comunidades Autonómicas recogen está prohibición en el texto del cuerpo normativo en cuestión (vr. Gr. Decreto de la Consejería de Gobierno nº 10/2003, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en la Comunidad Autónoma Andaluza; en idénticos términos la Comunidad Autónoma Catalana).

RESPONSABILIDADES POR INFRACCIÓN:

Debemos principiar exigiendo el Libro u Hojas de Reclamaciones de obligatoria existencia en todos los establecimientos y rellenar la misma con expresión precisa y concreta de los hechos ocurridos. No es inusual que se nos niegue esta documentación.

En este caso, y en segundo lugar, procederemos a requerir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil)  o la perteneciente a las Corporaciones Municipales (Policía Local), ésta última con competencias más concretas sobre la materia, aunque en ningún momento puede evitar o limitar que aquellas otras actúen. Hay que tener muy en cuenta el ámbito territorial donde se localice el lugar de los hechos (zona rural, urbana, etc). Independientemente de la actuación en vía administrativa de estos miembros de la Seguridad Pública, tienen facultades para exigir la identificación de la persona que nos deniega el acceso y del propietario o titular del local o establecimiento. Pueden levantar la correspondiente denuncia administrativa o atestado policial si los hechos son considerados por estos funcionarios como constitutivos de infracción penal.

La presencia de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Pública incrementan un plus de reconocimiento de nuestros derechos vulnerados e incluso que desaparezcan con su sola personación en el lugar donde peticionamos su presencia física.

Responsabilidad administrativa

Es coincidente la normativa mayoritaria que regula el derecho objeto de estudio en la facultad inspectora que recae en los Ayuntamientos u Órgano Competente que fijen la Comunidad Autónoma (con preponderancia competencial de los primeros) para comprobar que se cumple con las disposiciones en este ámbito.

La potestad sancionadora en materia de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas se ejercerá por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

Las Comunidades Autónomas, ejerciendo sus facultades sobre este campo en el que pueden desarrollar sus competencias, han establecido unánimemente un cuadro de infracciones (catalogándolas en leves, graves y muy graves) y sanciones (dimanante del tipo de infracción) a aplicar en aquellos supuestos de vulneración de una correcta aplicación del derecho de admisión. Pero no sólo eso, sino que mayoritariamente, se recogen también una serie de medidas cautelares a adoptar desde el mismo inicio del expediente administrativo disciplinario.

Las infracciones, grosso modo, se enuncian en términos parecidos o similares a las conductas que hemos ido describiendo a lo largo de este estudio.

Las sanciones son diversas y de muy variada índole pero confluyendo en algunas de las siguientes: Multas, clausuras del local o establecimiento durante unos períodos que igualmente fluctúan, suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo, e inhabilitación para organizar o promover este tipo de espectáculos o actividades. Independientemente de las multas dinerarias, el resto de sanciones se regulan y aplican, en un amplio elenco de la normativa comunitaria, como medidas cautelares.

La gran ventaja que reporta la responsabilidad administrativa sobre el resto de las que trataremos a continuación es su eficacia, eficiencia y celeridad en su aplicación (siempre y cuando la Administración competente así lo quiera).

Responsabilidad penal

Anteriormente comentamos que la reserva del derecho de admisión puede ser discrecional dentro del cumplimiento de las leyendas del cartel público donde constarán los requisitos de entrada o permanencia (por ejemplo: falta de aseo personal, no llevar la indumentaria exigida por la empresa –calzado inadecuado, falta de prendas concretas-, estado de embriaguez, etc) y los precios de la entrada.

Si se actúa con arbitrariedad, esto es, cumpliendo el individuo los requisitos de entrada se le prohíbe la misma por otras circunstancias en relación a su personalidad (ser negro, gay, minusválido, mormón…) tanto el personal que controla el acceso como el empresario pueden incurrir en un delito previsto y penado en el art. 512 del Código Penal: “los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tengan derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años” o la falta tipificada en el art. 617 del mismo Cuerpo Legal cuando los hechos revistan una gravedad que no lo cualifiquen como el delito trascrito.

Relacionamos la infracción penal más específica sin acudir a los supuestos de lesiones, insultos, amenazas que pueden conllevar a la aplicación de otros tipos penales y las correspondientes penas impuestas a cada actuación concreta.

Destacar que la inhabilitación especial, expresamente dispuesta en la norma, supone una imposibilidad del ejercicio de la profesión u oficio. Afectaría, consiguientemente, tanto al personal de acceso como al titular de la empresa o establecimiento.

Responsabilidad civil.

Rara avis entre la enumeración de responsabilidades que estamos analizando. Es la gran desconocida del espectro de vías de protección. Los requisitos de acceso, el coste económico perceptible y la incertidumbre de obtener una resolución favorable que colme nuestras aspiraciones son, junto con otras muchas, variables que nos hacen desistir de acudir a los Tribunales de Justicia en pos de su ejercicio.

Esta infrecuencia y la falta de resoluciones judiciales al respecto, unido a la duda en los de profesionales del mundo del Derecho sobre la viabilidad de semejante pretensión (motivadas, en ocasiones, por una confusa percepción legal de que acción ejercitar) son los condicionantes que han reducido al mínimo el planteamiento de demandas encaminadas al reconocimiento de nuestros derechos por este iter judicial.

Recientemente, la “jurisprudencia menor” ha mostrado la factibilidad de su concurrencia. Sentencias de Audiencias Provinciales han condenado a importes indemnizatorios en beneficio de personas que han colocado en estrados a responsables de la vulneración del derecho de admisión. Hablamos de importes que rondan los 600,00 euros. Podemos argüir que esta cuantía (hemos obviados las costas procesales) es ínfima o no colma suficientemente el derecho fundamental infringido –especialmente el trato discriminatorio y la dignidad- del litigante, pero estoy convencido de que más importante que la condena económica es, sin lugar a dudas, la satisfacción moral obtenida. A mayor abundamiento, hemos abierto otro cauce para obtener la protección de nuestros derechos individuales atacados por una reserva de uno de ellos no ajustada a la normativa en vigor.

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  1. coni
    octubre 5, 2009 en 5:29 pm

    cuando la directiva de un club de golf no aprueba una solicitud para ser socio, debido a que se reserva el derecho de admisión, ¿debe dar fundamentos de su no aprobación?

  2. Jesus
    agosto 20, 2009 en 1:15 pm

    Hola,

    ayer, en una conversación entre amigos, se inició una discusión en relación a unas declaraciones de la ministra de sanidad,Trinidad Jiménez, alusiva al endurecimiento de la actual ley antitabaco a fin de prohibir fumar en todo sitio público.

    Como parte de esa discusión, se hizo un comentario que yo no pude rebatirporque no tenía la información necesaria para saber si ese comentario tenía base jurídica o no.

    Básicamente, se me dijo que implantar esa ley era algo casi imposible en España porque, por ejemplo, un bar que reserve el derecho de admisión no puede considerarse como un lugar de ámbito público. O lo que es lo mismo, si el dueño de un bar que reserve su derecho de admisión y restrinja este, pongo por caso, a fumadores, dicho dueño poría permitir fumar a sus clientes sin infrigir un supuesta ley antitabaco que prohibiera taxativametne fumar en sitios públicos y cerrados.

    Y he aquí mis preguntas:

    1. ¿Tiene base o justificación jurídica el argumento anterior?
    2. Un bar en el que se reserve el derecho d admisión, ¿puede considerarse como un lugar público o pertenecería ya al ámbito privado?
    3. ¿Podría el llamado derecho d admisión entrr en contrdiccióncon una ley que prohibiera fumar en lugares públicos y cerrados?

    Pues ese era mi comentario. Si alguien de los que lo lee me puede responder con argumentos, estaría muy agradecido. Pero me gustaía evitar comentarios enlazados al mío del tipo “tienes razón” o “no estoy de acuerdo”, ya que a mi no me aportan absoluamente nada.

    Muchas gracias y un saludo,
    Jesús.

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