Publicada en el BOE la Ley Omnibus: Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Sector servicios (BOE 23-12-2009).- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

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Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago

Servicios de pago.- Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.(BOE 14-11-2009)

La presente Ley transpone al ordenamiento jurídico interno español la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE.

Un juez considera que el P2P en sí no vulnera la Ley de Propiedad Intelectual

Fuente: EL MUNDO. “Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de Internet, no vulneran, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”. Los fundamentos plasmados por un juez de Barcelona en un auto prácticamente no dejan dudas sobre la legalidad de los intercambios ‘online’ de archivos entre pares.

Raúl N. García Orejudo, magistrado titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, declara en el auto que los intercambios P2P “no encuentran un acomodo claro y específico en los comportamientos que prohíbe la ley, en especial la reproducción, distribución y comunicación pública sin autorización”.

Este auto desestima las medidas cautelares solicitadas por la SGAE contra el sitio web Elrincondejesus.com, un sitio de enlaces a otros sitios de descarga de películas y música en la Red. La entidad de gestión de derechos de autor solicitaba su cierre.

La solicitud de cierre cautelar es una costumbre en todos los procesos abiertos contra sitios web que facilitan los intercambios de archivos en la Red, como fue el caso de Donkeymania en 2003, aunque los jueces terminaron concluyendo que no había delito en sus actividades.

El complejo entramado de instar concurso

La entrada en concurso de una empresa del sector inmobiliario, o de cualquier otra rama de actividad, provoca una cadena trágica de acontecimientos. El pago a los acreedores queda pendiente de la resolución del concurso, que puede durar años, lo que en muchos casos provoca que esos acreedores, proveedores de la inmobiliaria, acaben también por encontrarse en situación concursal. La metástasis inmobiliaria alcanza a los proveedores de los proveedores, por ejemplo a la empresa que vende el abono a la empresa que se encarga de ajardinar una urbanización en construcción, y así sucesivamente dejando en el camino un reguero de quiebras.

¿Qué puede hacer un proveedor que semana tras semana recibe negativas por parte del deudor y que depende de esos pagos para mantener su actividad? Tiene pocas opciones. Si el deudor se encuentra en situación concursal lo normal es que prepare el terreno para solicitar concurso voluntario dado que desde que se encuentra en situación de insolvencia dispone de dos meses para solicitar concurso. El acreedor podría tratar por la vía civil de que se embarguen los bienes al deudor, pero si este ha optado por solicitar concurso se paralizan las ejecuciones de embargo.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. (BOE 04-04-2009)

La importancia de la Ley se manifiesta en la unificación y en la ampliación del régimen jurídico de las denominadas «modificaciones estructurales», entendidas como aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión
global de activo y pasivo. También se regula en la presente norma el traslado internacional del domicilio social que, aunque no siempre presenta las características que permitan englobarlo dentro de la categoría de modificaciones estructurales.

Protección de los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

En concreto se reuglan dos fenómenos, que hasta la fecha no contaban con una previsión normativa específica y que están adquiriendo en la actualidad un gran auge: los créditos y préstamos hipotecarios concedidos por empresas que no son entidades de crédito y los servicios de intermediación del crédito.

Ambos son el objeto fundamental de esta Ley, que los regula con el objetivo de salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios.

Medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. (BOE 31-03-2009)

Este Real Decreto Ley que recoge un importante conjunto de medidas de estímulo económico. Con estas iniciativas, que tienen como objetivo el apoyo a la actividad de las empresas españolas, son ya cerca de un centenar las medidas puestas en marcha en el primer año de legislatura para combatir la crisis económica.

Entre ellas están:

La Fiscalía pide un año de cárcel para los dueños de The Pirate Bay

La Fiscalía sueca pide un año de cárcel para los cuatro responsables del portal de Internet The Pirate Bay (TPB), con base en Suecia y considerado uno de los más importantes del mundo para el intercambio y descarga de archivos, informa la agencia EFE.

Los responsables de la página web, con edades entre los 24 y los 48 años, están acusados de piratería y de violación de los derechos de autor por ofrecer a través del portal los enlaces que posibilitan el intercambio de archivos de forma gratuita entre internautas de todo el mundo a través de programas P2P. Estos archivos incluyen películas, series, programas y música.

Regulado el contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro, y se crea, además, el Registro estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.

El reconocimiento y regulación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente es uno de los aspectos más novedosos del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado en la Ley de 2007.

Se considera trabajador autónomo económicamente dependiente aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que recibe, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimiento del trabajo y de actividades económicas o profesionales, y en el que concurren las restantes condiciones establecidas en el Estatuto del Trabajo Autónomo.

A partir de la regulación de este contrato, un importante número de trabajadores autónomos podrán regularizar su situación, sobre todo aquellos que se encuentren en actividades como el transporte, seguros y agentes comerciales y reúnan las condiciones mencionadas.

Las empresas y familias en suspensión de pagos se triplican en 2008 hasta las 2.902

La crisis económica ha provocado que el número de empresas y personas que se han declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en 2008 prácticamente se haya triplicado en 2008 hasta alcanzar el récord de 2.902, de los que el 38,66% correspondió al sector de la construcción y al inmobiliario.

Según la Estadística de Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE ), que revela que el número de ciudadanos que se declararon insolventes casi se multiplicó por cuatro (289,6%) el año pasado hasta los 374, añade que las empresas y autónomos en concurso de acreedores crecieron un 187,3%, hasta 2.528.