El finiquito no siempre libera a la empresa de nuevas reclamaciones

El Tribunal Supremo permite en este caso a un trabajador despedido reclamar una cantidad económica a la compañía que le cesó, a pesar de que el antiguo empleado ya había firmado la liquidación.

El empleado fue despedido por causas disciplinarias y se le entregó un documento que reconocía su improcedencia y se ponía a su disposición una cantidad en concepto de indemnización y otra por finiquito, en el que se indicaba que “el trabajador, con la firma de este documento, acepta estas condiciones considerándose saldado y finiquitado”. Posteriormente, el cesado entendió que la indemnización se había calculado mal, por lo que demandó a la empresa y el caso terminó en el Tribunal Supremo.

Indicadores de la Actividad de la Justicia 2008

Indicadores de la Actividad de la Justicia 2008. A continuación se recogen los indicadores recogidos en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que podrá consultarse en la web de la Fundación Wolters Kluwer, http://www.fundacionwolterskluwer.com.

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Indemnización por daño moral al progenitor que se le impidió el ejercicio de la guarda y custodia.

El Tribunal Supremo estima el derecho a ser indemnizado por daño moral al padre a quien la madre ha impedido la relación personal con el hijo.

El primer requisito exigido consiste en la concurrencia de una acción u omisión en la que haya intervenido culpa o negligencia. De acuerdo con los antecedentes resumidos en el Fundamento primero y los documentos que aparecen en los autos, debe distinguirse entre la conducta de Dª Remedios y la de los otros dos demandados. Dª Remedios efectuó un acto contrario a derecho en un doble sentido, en primer lugar, impidiendo que el menor su hijo pudiese relacionarse con su padre, vulnerando así el artículo 160 CC, y en segundo lugar, oponiéndose a la ejecución de la sentencia que otorgaba la guarda y custodia del hijo a su padre, que conocía perfectamente porque en las diversas resoluciones reseñadas aparece actuando por medio de procurador. Por tanto, conociendo el contenido de las diversas sentencias que ella misma recurrió, debe considerarse que hubo una acción deliberada dirigida a cometer un acto consistente en impedir las relaciones paterno-filiales.

El Gobierno aumenta el IVA general al 18% y suprime la deducción de los 400 euros

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010, presentados el pasado sábado, 26 de septiembre, prevén una reforma fiscal que incluirá un incremento del IVA general hasta el 18% y la supresión de los 400 euros. En cuanto a la subida del IVA, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó que el que el de carácter general subirá del 16% actual al 18 % a partir del 1 de julio de 2010, mientras que el IVA reducido crecerá del 7 al 8% y el IVA súper reducido, el que se aplica a los alimentos básicos, se mantendrá en el 4%. La recaudación adicional anual que se espera obtener con esta medida es de 5.150 millones de euros.

El empleado puede cobrar las ‘stock options’ en caso de despido improcedente

Unificando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de las CCAA, el Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en virtud de la cual Los trabajadores que se encuentren fuera de la empresa con motivo de un despido improcedente pueden solicitar la ejecución de su plan de opciones sobre acciones (stock options), incluso aunque en éste se haya incluido expresamente una cláusula que obligue a encontrarse de alta en la empresa para poder ejercitarlo.

Más información: http://ping.fm/HM8PC

Leido en Expansión.

La Justicia aumenta la responsabilidad de las consultoras informáticas

Hemos leído en Expansión que, por fin, un juez sienta un precedente y castiga a una multinacional que interrumpió un proceso de implantación del programa ERP SAP y lo considera “abandono de obra”, tomando conciencia de lo que significa hoy en día los sistemas informáticos en las empresas. Así, a los consultores informáticos se les podrá exigir el resultado del contrato.

Un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria ha declarado ilícita la conducta de una gran consultora informática a la que se había encomendado la realización de una implantación informática del conocido programa de gestión empresarial ERP SAP y ha calificado como “abandono de obra” ilícito la no terminación del programa, sentando así un importante precedente acerca de la siempre controvertida cuestión relativa a la naturaleza y el régimen jurídico aplicable a este tipo de proyectos informáticos.

Según se recoge en la sentencia, el proyecto de implantación informática, encargado por una empresa industrial a una importante consultora informática multinacional, había sido regulado en un contrato suscrito en el año 2005.

Dinero negro: consecuencias penales

Pongamos que usted dispone de un millón de euros. Y que, con intención de evadir impuestos, coloca ese dinero en un banco de las islas Caimán o de Liechtenstein, o cualquier otro paraiso fiscal. Si Hacienda lo descubre, lo denunciará por delito fiscal, un juez le investigará y, casi con toda seguridad, será condenado a una pena de uno a cuatro años de cárcel.

Atasco récord en la justicia

Via: EL PAIS.- Los juzgados de Madrid han entrado en una fase “muy, muy preocupante”. El diagnóstico lo da Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La enfermedad podría llamarse “exceso de asuntos pendientes”. O lo que es lo mismo: un atasco sin precedentes.
Los juzgados de Madrid han entrado en una fase “muy, muy preocupante”. El diagnóstico lo da Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La enfermedad podría llamarse “exceso de asuntos pendientes”. O lo que es lo mismo: un atasco sin precedentes. El año pasado se superó, por primera vez, el medio millón de asuntos sin resolver en los juzgados madrileños, según las cifras de la Memoria Judicial de 2008, presentada ayer por el presidente del TSJM.
El aumento de un 14,29% de los asuntos pendientes el año pasado llevó a traspasar esa “barrera psicológica” (en palabras de Vieira) de los 500.000 casos a la espera de resolución. A finales de 2008 había exactamente 534.824 casos esperando a ser resueltos. El año anterior, cuando ya se hablaba de cifras históricas, fueron 467.950.

Un juez considera que el P2P en sí no vulnera la Ley de Propiedad Intelectual

Fuente: EL MUNDO. “Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de Internet, no vulneran, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”. Los fundamentos plasmados por un juez de Barcelona en un auto prácticamente no dejan dudas sobre la legalidad de los intercambios ‘online’ de archivos entre pares.

Raúl N. García Orejudo, magistrado titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, declara en el auto que los intercambios P2P “no encuentran un acomodo claro y específico en los comportamientos que prohíbe la ley, en especial la reproducción, distribución y comunicación pública sin autorización”.

Este auto desestima las medidas cautelares solicitadas por la SGAE contra el sitio web Elrincondejesus.com, un sitio de enlaces a otros sitios de descarga de películas y música en la Red. La entidad de gestión de derechos de autor solicitaba su cierre.

La solicitud de cierre cautelar es una costumbre en todos los procesos abiertos contra sitios web que facilitan los intercambios de archivos en la Red, como fue el caso de Donkeymania en 2003, aunque los jueces terminaron concluyendo que no había delito en sus actividades.

La Justicia obliga a Hacienda a limitar el pago de impuestos de los coches de empresa

He leido en EXPANSIÓN la última sentencia contra la AEAT que va situando la aplicación de las leyes fiscales en lo que es un Estado de Derecho en el que prevalece el derecho a la presunción de inocencia de los ciudadanos, también en el ámbito fiscal: La Agencia Tributaria se ha topado con la Justicia. Y en esta ocasión sobre un asunto que puede afectar a más de medio millón de vehículos puestos a disposición de los empleados por las empresas.

Se trata de los habituales coches de empresa que miles de directivos, comerciales, visitadores o empleados de muy distinta índole utilizan en España.

Según la Agencia Tributaria, sólo el porcentaje del precio equivalente al tiempo de utilización laboral de esos automóviles queda fuera del pago de impuestos: el resto debería ser considerado salario en especie -por no ser una herramienta de trabajo sino un bien de uso privado- y, por lo tanto, debe tributar en el IRPF, impuesto cuyo tipo máximo llega hasta el 43%.

Pero la interpretación que acaba de realizar la Audiencia Nacional es un tanto distinta. En primer lugar porque, según señala la sentencia, corresponde a la Administración probar que la imputación de uso privado realizada por la empresa no se corresponde con la realidad, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad aportó prueba suficiente de las imputaciones [de utilización] realizadas en su día.