1.500 millones en 2011

El gasto del Fogasa crece un 16% pero se retrasa el pago a despedidos

Europa Press | Madrid

Actualizado martes 31/01/2012 16:50 horas

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El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, gastó 1.499,9 millones de euros en 2011, un 16,5% más que en 2010, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De esta cuantía, 522 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 16,7% más que en 2010; 980 millones a indemnizaciones, un 16,8% más; y otros 608 millones, un 19,3% más, en ejecuciones laborales, como salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia de las empresas.

Sin embargo, la falta de plantilla provoca que el Fogasa adeude dinero a miles de trabajadores. La última denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) sobre este problema afecta a unos 6.000 trabajadores alicantinos despedidos, región donde la demora media en la resolución de los expedientes ha pasando de 78 a 229 días.

No es la primera vez que el sindicato denuncia la situación del Fogasa. El pasado verano advirtió de que con una plantilla de 400 personas “es imposible dar salida a más de 170.000 expedientes que afectan a un cuarto de millón de trabajadores de 70.000 empresas”.

El sindicato califica de “inadmisible” esta situación porque las empresas no les pagan los salarios ni las indemnizaciones correspondientes y “sus derechos son gestionados” con lentitud por parte de las administraciones.

El representante de CCOO Salvador Roig ha mostrado su indignación y preocupación por el hecho de que la plantilla del Fogasa en Alicante sólo la integren 12 personas, “las cuales deben dar salida a los miles de expedientes acumulados”.

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1. chavescabezabolo 31.ene.2012 | 18:02

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   Considero que este es un caso clarísimo en ql que se deberían transvasar trabajadores, funcionarios o no, de cualquier otra Administración, estatal, autonómica o local, en que sobren. Porque, sobrar, sobran….

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1.500 millones en 2011

El gasto del Fogasa crece un 16% pero se retrasa el pago a despedidos

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El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, gastó 1.499,9 millones de euros en 2011, un 16,5% más que en 2010, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De esta cuantía, 522 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 16,7% más que en 2010; 980 millones a indemnizaciones, un 16,8% más; y otros 608 millones, un 19,3% más, en ejecuciones laborales, como salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia de las empresas.

Sin embargo, la falta de plantilla provoca que el Fogasa adeude dinero a miles de trabajadores. La última denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) sobre este problema afecta a unos 6.000 trabajadores alicantinos despedidos, región donde la demora media en la resolución de los expedientes ha pasando de 78 a 229 días.

No es la primera vez que el sindicato denuncia la situación del Fogasa. El pasado verano advirtió de que con una plantilla de 400 personas “es imposible dar salida a más de 170.000 expedientes que afectan a un cuarto de millón de trabajadores de 70.000 empresas”.

El sindicato califica de “inadmisible” esta situación porque las empresas no les pagan los salarios ni las indemnizaciones correspondientes y “sus derechos son gestionados” con lentitud por parte de las administraciones.

El representante de CCOO Salvador Roig ha mostrado su indignación y preocupación por el hecho de que la plantilla del Fogasa en Alicante sólo la integren 12 personas, “las cuales deben dar salida a los miles de expedientes acumulados”.

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1. chavescabezabolo 31.ene.2012 | 18:02

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   Considero que este es un caso clarísimo en ql que se deberían transvasar trabajadores, funcionarios o no, de cualquier otra Administración, estatal, autonómica o local, en que sobren. Porque, sobrar, sobran….

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El Tribunal de Justicia de Luxemburgo analizará la legalidad del ‘céntimo sanitario’

MADRID, 17 de ENERO de 2012 - EUROPA PRESS

Impuesto con que algunas comunidades autónomas gravan el combustible para cofinanciar la sanidad El Tribunal de Justicia de Luxemburgo determinará sobre la legalidad del denominado ‘céntimo sanitario’, impuesto con el que varias comunidades autónomas gravan el combustible para contribuir a financiar la sanidad. Esta instancia europea decidirá sobre el impuesto toda vez que ha admitido la cuestión prejudicial planteada al respecto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según informaron a Europa Press en fuentes del sector del transporte por carretera. El Tribunal europeo se pronunciará en uno o dos años sobre el impuesto. Según indicaron dichas fuentes, en caso de que sea declarado ilegal, las comunidades que lo aplican se verían obligadas a retirarlo y a devolver con intereses los importes cobrados por esta tasa. Las demandas de las empresas de transporte contra el denominado ‘céntimo sanitario’ llegan finalmente a instancias europeas dos años después de que comenzaran a recurrirlo ante sus respectivas comunidades autónomas. En el marco de este proceso, una vez que las empresas agotaron la vía administrativa en las comunidades autónomas, las empresas emprendieron la vía judicial. Entonces se planteó que antes de que los distintos tribunales autonómicos se posicionaran sobre el tema, consultaran a Bruselas. De entre todos los tribunales ante los que se planteó esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha estimado, elevando así el proceso hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En su demanda, las empresas del sector del transporte sostienen que el ‘céntimo sanitario’ es ilegal, dado que no atiende a la finalidad “no presupuestaria” que tiene que tener por tratarse de un impuesto armonizado a escala europea. El céntimo sanitario (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) se articuló en 2002 y se cedió a las comunidades autónomas. Andalucía, Murcia, Extremadura, Cataluña, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y desde este año Castilla y León son las comunidades que aplican esta tasa, sobre la que Bruselas ya ha mostrado en varias ocasiones sus reticencias. La patronal del transporte de viajeros en autobús Fenebus indicó que el planteamiento de la cuestión prejudicial de este gravámen afecta a las solicitudes de devolución realizadas por las empresas ha realizado y que actualmente están en tramitación. “Sin poder afirmar el éxito de las solicitudes de devolución, es cierto que las posibilidades han aumentado, al estar este asunto en Luxemburgo y no ser ya competencia de las autoridades españolas ue, por propio interés y dada la situación económica, han vedido desestimando reiteradamente las solicitudes”, añade Fenebús.

A ver si por fin tenemos una resolución coherente.