La cuantía de esta prestación, durante todo su periodo de disfrute, será del 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los doce meses anteriores al cese de su actividad.

La prestación, cuya implantación era un compromiso recogido en el Estatuto del Trabajador Autónomo, no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros.

Además, tendrá una duración de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años.

En concreto, los que hayan cotizado de 12 a 17 meses tendrán derecho a dos meses de paro; los que hayan cotizado entre 18 y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a 35 meses cotizados percibirán la ayuda durante cinco meses y los de 36 meses o más de cotización cobrarán durante el máximo fijado, esto es, seis meses.

Sistema semi-obligatorio

El sistema para que los autónomos puedan cobrar el paro, lo que no será posible hasta el año 2011, es semi-obligatorio, ya que el colectivo no podrá tener prestación si no cotiza al mismo tiempo por accidente laboral y enfermedad profesional, contingencia que ahora mismo es voluntaria salvo en determinados casos, como el de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

Teniendo en cuenta que en los primeros 12 meses no existe gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5% de la base, con una reducción del 0,5% en la cotización por incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1%, que sobre la base mínima de 833,40 euros, apunta a una cotización mínima de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción de 0,5%, y de 8,33 euros con la reducción.

Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.

Calendario laboral.- (BOE 20-11-2009). Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2010.

• • PDF (BOE-A-2009-18477 – 2 págs. – 216 KB)

Indicadores de la Actividad de la Justicia 2008. A continuación se recogen los indicadores recogidos en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que podrá consultarse en la web de la Fundación Wolters Kluwer, www.fundacionwolterskluwer.com.

Ver informe pdf

Servicios de pago.- Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.(BOE 14-11-2009)

La presente Ley transpone al ordenamiento jurídico interno español la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE.

Los objetivos específicos de la Directiva y, por consiguiente, de la presente Ley son los que se exponen seguidamente.
En primer lugar, se persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir. En esta línea, se permite la creación de nuevas entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan importantes exigencias y garantías para su funcionamiento, puedan representar una ampliación de los proveedores de servicios de pago.

En segundo lugar, se pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago.

En tercer lugar, se establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Sin tal ordenación, sería imposible la integración del mercado único de pagos.
Todo ello contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a legislación comunitaria.

• • PDF (BOE-A-2009-18118 – 32 págs. – 486 KB)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado, en el marco de la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, un programa gratuito de autoevaluación sobre cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en empresas y administraciones.

Esta herramienta online ofrece respuestas a las dudas a las que se habitualmente se enfrentan quienes manejan datos personales, mediante un autotest basado en preguntas con respuesta múltiple. Completarlo ocupa entre 45 y 60 minutos y una vez finalizado, genera un informe con indicaciones y recursos que orientan, en su caso, para cumplir con lo dispuesto en la LOPD.

El programa consta de dos niveles de autoevaluación: el primero es un test básico para conocer el nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos, mientras que el segundo permite verificar fácilmente si se cumplen con las medidas de seguridad exigibles en cada caso.

Por tanto, este programa de autoevaluación contempla dos perfiles distintos de usuario: por un lado, el que toma contacto por vez primera con la Ley Orgánica de Protección de Datos y busca saber si cumple la normativa y, por otro, el que goza de un mayor conocimiento y quiere verificar el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la normativa de protección de datos.

La AEPD ha desarrollado una herramienta cuidando que el lenguaje sea claro y ofreciendo documentación de apoyo y ayuda para facilitar la comprensión de las preguntas. Además, permite abandonar la sesión sin tener que empezar de nuevo el test, es anónimo, gratuito y emite un informe basado en las respuestas facilitadas con recomendaciones personalizadas.

Esta herramienta estará disponible a partir del mes de diciembre de forma gratuita en la página web de la AEPD en www.agpd.es

Leemos en Expansión que llegan las primeras indemnizaciones por el retraso en el inicio de la obra para los afectados por el retraso en el inicio de las obras de su vivienda pueden reclamar que les devuelvan las cantidades entregadas más los intereses legales.

Así lo entiende el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona, que ha condenado a la aseguradora Vitalicio Seguros a devolver dinero e intereses a los compradores de varios inmuebles en Estepona (Málaga). Este auto es pionero ya que, si bien las demandas por la demora en la entrega de las viviendas son habituales, en esta ocasión, el fallo se produce por retrasos en el inicio. Las cantidades obtenidas por los demandantes son bastante cuantiosas y oscilan entre los 70.000 y 276.000 euros. Este caso puede sentar precedente, de manera que aquellas personas perjudicadas por el retraso en el inicio de sus obras puedan recuperar su dinero. Según Dimas Cuesta, socio de Lexland Abogados en Marbella, “para reclamar únicamente deben aportar la póliza de seguro y un documento fehaciente que acredite el no inicio de la obra dentro del plazo convenido”.

Los hechos a los que se refiere el auto atañen a unos ciudadanos británicos que compraron una vivienda en la Promoción Valle Romano de Estepona que promovía Comercio del Estrecho. Los inmuebles, que se ofrecían a través de un intermediario a socios y empleados de clubes de la liga de fútbol británica, sufrieron un retraso de 12 meses en el inicio de sus obras, aunque, según Lexland, “no es necesario que la demora sea tan extensa para poder iniciar el proceso”.

Los compradores firmaron un contrato en el que se especificaba una fecha de inicio de las obras en la primavera de 2007. Sin embargo, la parte demandante ha aportado documentos en los que se demuestra que el desbroce y limpieza de la parcela no se produjo hasta junio de 2008, esto es, doce meses más tarde.
La aseguradora interpuso varias cuestiones prejudiciales y se opuso al auto de ejecución.

La resolución judicial da respuesta así a una situación que empieza a ser habitual en el sector, como es el retraso en el inicio de la construcción de pisos, origen también de muchas de las reclamaciones en materia de vivienda que llegan a las asociaciones de consumidores.

Durante el boom inmobiliario eran habituales las demandas por el retraso de finalización de las obras, pero la crisis ha recuperado la posibilidad, prevista en la ley, pero no explorada, de reclamar por la demora en el inicio. Todo ello, en el caso de ciudadanos que compraron pisos por un valor un 25% superior al que pagarían hoy.

Los afectados se dirigieron primero a la promotora para que les devolviera lo que pagaron –en torno al 20% del precio total– más intereses y, al no obtener respuesta, demandaron a la aseguradora. Sin embargo, no han pedido daños y perjuicios ya que, a diferencia de cuando se produce el retraso en la entrega, no podían alegar lucro cesante por demora en el disfrute del inmueble.

Las pólizas de afianzamiento se rigen por la Ley 57/1968 de 27 de julio reguladora de las percepciones de cantidades entregadas a cuenta por los compradores. A su vez, las pólizas ejecutadas son un contrato de caución definido por el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro de 1980 que establece que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad, los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos por la ley o contrato.

Para hacer efectiva esta garantía, se impone al promotor la obligación de constituir el seguro de caución y, para aquellos casos en los que no se haga efectiva la garantía de forma voluntaria, el artículo 3 de la Ley 57/68 prevé que sirva como título ejecutivo, la póliza junto al documento que acredite la no iniciación de las obras: “Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que uno u otra hayan tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el 6% del interés anual, o conceder al cedente prórroga…”.

De esta forma, concluye el auto: “El contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo [...] para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho”.

Efectos de la crisis en las estrategias de defensa
La crisis agudiza las estrategias de defensa. El que un gran número de personas dejen de pagar las cuotas de sus hipotecas conduce a un incremento de los procedimientos judiciales instados principalmente por entidades financieras para la ejecución de la garantía hipotecaria.

Pero también es posible iniciar un procedimiento de ejecución ordinario, no tan rápido y ágil, dirigido contra todos los bienes del deudor con el fin de embargarlos y subastarlos. Dos autos han admitido que un acreedor se dirija en un mismo procedimiento judicial contra la finca hipotecada, siguiendo los trámites del juicio hipotecario y, a la vez, que se embarguen otros bienes del deudor hipotecario y, si los hay, de otros deudores como los fiadores.

Con motivo de la aprobación el pasado 15 de octubre de 2009 del Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la L.O.P.J. se reforman e introducen 2 cambios relevantes en las normas reguladoras de la jurisdicción civil, una en beneficio de los ciudadanos -facilitando su acceso a la Justicia- y otra en perjuicio de los mismos (dificultando ese acceso):

1. Respecto al proceso monitorio, se eleva su cuantía de 30.000 a 150.000 euros. Se persigue dar más cobertura a un proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas. La sencillez del procedimiento y su utilidad como forma de protección del crédito ha provocado una utilización masiva del mismo que, por sí sola, justifica ampliar su ámbito de aplicación; es el proceso más utilizado para la reclamación de cantidades. Por otro lado, se ha mostrado como una vía para evitar juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la petición inicial.
2. se regula también un depósito y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal es disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Los ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita. Estos ingresos se distribuyen entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

BOE 04-11-2009

Poder Judicial

• Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
  • PDF (BOE-A-2009-17492 – 14 págs. – 265 KB)

Legislación procesal

• Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
  • PDF (BOE-A-2009-17493 – 211 págs. – 6609 KB)

El Tribunal Supremo estima el derecho a ser indemnizado por daño moral al padre a quien la madre ha impedido la relación personal con el hijo.

El primer requisito exigido consiste en la concurrencia de una acción u omisión en la que haya intervenido culpa o negligencia. De acuerdo con los antecedentes resumidos en el Fundamento primero y los documentos que aparecen en los autos, debe distinguirse entre la conducta de Dª Remedios y la de los otros dos demandados. Dª Remedios efectuó un acto contrario a derecho en un doble sentido, en primer lugar, impidiendo que el menor su hijo pudiese relacionarse con su padre, vulnerando así el artículo 160 CC, y en segundo lugar, oponiéndose a la ejecución de la sentencia que otorgaba la guarda y custodia del hijo a su padre, que conocía perfectamente porque en las diversas resoluciones reseñadas aparece actuando por medio de procurador. Por tanto, conociendo el contenido de las diversas sentencias que ella misma recurrió, debe considerarse que hubo una acción deliberada dirigida a cometer un acto consistente en impedir las relaciones paterno-filiales.

El daño existe en este caso y no consiste únicamente en la imposibilidad de ejercicio de la patria potestad y del derecho de guarda y custodia, porque en este caso sólo podría ser reclamado por el menor afectado por el alejamiento impuesto por el progenitor que impide las relaciones con el otro, sino que consiste en la imposibilidad de un progenitor de tener relaciones con el hijo por impedirlo quien se encuentra de hecho a cargo del menor. Debe tenerse en cuenta además un nuevo elemento y es que el moderno derecho de familia rechaza la imposición coactiva de obligaciones que puedan limitar la personalidad de los individuos, por lo que aun cuando sea posible sancionar el incumplimiento de las obligaciones entre padres e hijos, se imponen modulaciones en interés de los propios hijos.

Este tipo de daños ha empezado a ser considerado en diferentes Tribunales como fuente de la indemnización. El Tribunal de Roma, en sentencia de 13junio 2000, en un caso de incumplimiento reiterado del derecho de visitas, condenó a la madre a indemnizar al padre por haberlo impedido y consideró que el derecho de visita del padre no guardador constituye para él también un verdadero deber hacia el hijo.

Concluye este Tribunal que, Para “sentar la existencia de la causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal”(ver, entre otras, la STS de 16 octubre 2007). Aplicando estos criterios al presente caso, debe señalarse que el daño debe imputarse jurídicamente a la madre, por impedir de manera efectiva las relaciones con el padre del menor, a pesar de que le había sido atribuida a éste la guarda y custodia en la sentencia citada. No existe, pues, ninguna incertidumbre sobre el origen del daño, de modo que los criterios de probabilidad entre los diversos antecedentes que podrían haber concurrido a su producción, sólo puede ser atribuida a la madre, por ser la persona que tenía la obligación legal de colaborar para que las facultades del padre como titular de la potestad y guarda y custodia del menor, pudieran ser ejercidas por éste de forma efectiva y al impedirlo, deviene responsable por el daño moral causado al padre.
DOCUMENTOS [//]  Sentencia 512/2009

JEFATURA DEL ESTADO (BOE 07-10-2009)

Igualdad de género

• Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

PDF (BOE-A-2009-15958 – 3 págs. – 171 KB)

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010, presentados el pasado sábado, 26 de septiembre, prevén una reforma fiscal que incluirá un incremento del IVA general hasta el 18% y la supresión de los 400 euros. En cuanto a la subida del IVA, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó que el que el de carácter general subirá del 16% actual al 18 % a partir del 1 de julio de 2010, mientras que el IVA reducido crecerá del 7 al 8% y el IVA súper reducido, el que se aplica a los alimentos básicos, se mantendrá en el 4%. La recaudación adicional anual que se espera obtener con esta medida es de 5.150 millones de euros.

Los nuevos presupuestos introducen además “una tributación progresiva de las rentas del ahorro, gravando los primeros 6.000 euros al 19% y el resto, al 21%, lo cual supondrá un incremento de la recaudación de 800 millones de euros.

En el IRPF se elimina la deducción de cuatrocientos euros establecida para los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas. El Gobierno ha justificado esta medida afirmando que “las circunstancias que llevaron a su creación para ayudar a las familias (que tenían que afrontar una tasa del Euribor, el precio del petróleo y la inflación muy elevados) han desaparecido en la actualidad”. El Ejecutivo calcula que esta supresión supondrá un efecto anual de 5.700 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades, tal y como se anunció durante el Debate del Estado de la Nación en mayo de 2009, y con el fin de proteger e incentivar el empleo, se reduce temporalmente el tipo de gravamen en cinco puntos para las pymes con menos de veinticinco trabajadores que mantengan o aumenten estos empleos y tengan una cifra de negocio inferior a cinco millones de euros.

Asimismo, se adopta una medida similar en el IRPF para los trabajadores autónomos que mantengan o creen empleo. El cálculo estimado de esta medida es de una reducción de setecientos millones de euros. Los ingresos del Estado, después de la cesión a los entes territoriales, alcanzarán los 121.626 millones de euros, un 21,2% por encima de la previsión de liquidación de 2009.