El finiquito no siempre libera a la empresa de nuevas reclamaciones

El Tribunal Supremo permite en este caso a un trabajador despedido reclamar una cantidad económica a la compañía que le cesó, a pesar de que el antiguo empleado ya había firmado la liquidación.

El empleado fue despedido por causas disciplinarias y se le entregó un documento que reconocía su improcedencia y se ponía a su disposición una cantidad en concepto de indemnización y otra por finiquito, en el que se indicaba que “el trabajador, con la firma de este documento, acepta estas condiciones considerándose saldado y finiquitado”. Posteriormente, el cesado entendió que la indemnización se había calculado mal, por lo que demandó a la empresa y el caso terminó en el Tribunal Supremo.

Llegan las primeras indemnizaciones por el retraso en el inicio de la obra

Leemos en Expansión que llegan las primeras indemnizaciones por el retraso en el inicio de la obra para los afectados por el retraso en el inicio de las obras de su vivienda pueden reclamar que les devuelvan las cantidades entregadas más los intereses legales.

Así lo entiende el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona, que ha condenado a la aseguradora Vitalicio Seguros a devolver dinero e intereses a los compradores de varios inmuebles en Estepona (Málaga). Este auto es pionero ya que, si bien las demandas por la demora en la entrega de las viviendas son habituales, en esta ocasión, el fallo se produce por retrasos en el inicio.

Indemnización por daño moral al progenitor que se le impidió el ejercicio de la guarda y custodia.

El Tribunal Supremo estima el derecho a ser indemnizado por daño moral al padre a quien la madre ha impedido la relación personal con el hijo.

El primer requisito exigido consiste en la concurrencia de una acción u omisión en la que haya intervenido culpa o negligencia. De acuerdo con los antecedentes resumidos en el Fundamento primero y los documentos que aparecen en los autos, debe distinguirse entre la conducta de Dª Remedios y la de los otros dos demandados. Dª Remedios efectuó un acto contrario a derecho en un doble sentido, en primer lugar, impidiendo que el menor su hijo pudiese relacionarse con su padre, vulnerando así el artículo 160 CC, y en segundo lugar, oponiéndose a la ejecución de la sentencia que otorgaba la guarda y custodia del hijo a su padre, que conocía perfectamente porque en las diversas resoluciones reseñadas aparece actuando por medio de procurador. Por tanto, conociendo el contenido de las diversas sentencias que ella misma recurrió, debe considerarse que hubo una acción deliberada dirigida a cometer un acto consistente en impedir las relaciones paterno-filiales.

El empleado puede cobrar las ‘stock options’ en caso de despido improcedente

Unificando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de las CCAA, el Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en virtud de la cual Los trabajadores que se encuentren fuera de la empresa con motivo de un despido improcedente pueden solicitar la ejecución de su plan de opciones sobre acciones (stock options), incluso aunque en éste se haya incluido expresamente una cláusula que obligue a encontrarse de alta en la empresa para poder ejercitarlo.

Más información: http://ping.fm/HM8PC

Leido en Expansión.

La Justicia aumenta la responsabilidad de las consultoras informáticas

Hemos leído en Expansión que, por fin, un juez sienta un precedente y castiga a una multinacional que interrumpió un proceso de implantación del programa ERP SAP y lo considera “abandono de obra”, tomando conciencia de lo que significa hoy en día los sistemas informáticos en las empresas. Así, a los consultores informáticos se les podrá exigir el resultado del contrato.

Un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria ha declarado ilícita la conducta de una gran consultora informática a la que se había encomendado la realización de una implantación informática del conocido programa de gestión empresarial ERP SAP y ha calificado como “abandono de obra” ilícito la no terminación del programa, sentando así un importante precedente acerca de la siempre controvertida cuestión relativa a la naturaleza y el régimen jurídico aplicable a este tipo de proyectos informáticos.

Según se recoge en la sentencia, el proyecto de implantación informática, encargado por una empresa industrial a una importante consultora informática multinacional, había sido regulado en un contrato suscrito en el año 2005.

La Justicia obliga a Hacienda a limitar el pago de impuestos de los coches de empresa

He leido en EXPANSIÓN la última sentencia contra la AEAT que va situando la aplicación de las leyes fiscales en lo que es un Estado de Derecho en el que prevalece el derecho a la presunción de inocencia de los ciudadanos, también en el ámbito fiscal: La Agencia Tributaria se ha topado con la Justicia. Y en esta ocasión sobre un asunto que puede afectar a más de medio millón de vehículos puestos a disposición de los empleados por las empresas.

Se trata de los habituales coches de empresa que miles de directivos, comerciales, visitadores o empleados de muy distinta índole utilizan en España.

Según la Agencia Tributaria, sólo el porcentaje del precio equivalente al tiempo de utilización laboral de esos automóviles queda fuera del pago de impuestos: el resto debería ser considerado salario en especie -por no ser una herramienta de trabajo sino un bien de uso privado- y, por lo tanto, debe tributar en el IRPF, impuesto cuyo tipo máximo llega hasta el 43%.

Pero la interpretación que acaba de realizar la Audiencia Nacional es un tanto distinta. En primer lugar porque, según señala la sentencia, corresponde a la Administración probar que la imputación de uso privado realizada por la empresa no se corresponde con la realidad, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad aportó prueba suficiente de las imputaciones [de utilización] realizadas en su día.

Indemnización de los daños derivados del alta irregular e inconsentida en el servicio ADSL por una operadora de telecomunicaciones

El secuestro de la linea telefónica o de ADSL ha sido frecuente en nuestro pais desde la posibilidad de la portabilidad y la voracidad de las operadoras ante la tibieza de la normativa y nuestras autoridades.

Hoy recogemos una reciente sentencia que pone de manifiesto el derecho de nuestros ciudadanos:

Ponente: Bustos Gómez-Rico, Modesto de.

Nº de Sentencia: 63/2009

Nº de Recurso: 267/2008

Duro revés judicial para la ley ‘antidescargas’ francesa

Via El Blog de Enrique Dans y El Pais, me informo que  la ley Hadopi, la normativa francesa que intenta frenar las descargas masivas por Internet, está siendo vapuleada desde todos los frentes. El Consejo Constitucional francés dictaminó ayer que sólo un juez puede cortar la conexión a los posibles infractores de descargas ilegales. La decisión se basa en que prevalece la presunción de inocencia

De esta forma, el alto tribunal tira por tierra uno de los de principales pilares de la ley auspiciada personalmente por el presidente Nicolas Sarkozy, la de conferir a un organismo administrativo -la Hadopi- la potestad de desconectar de la Red a los internautas que persistieran en descargarse archivos protegidos por derechos de autor.

La inclusión de una persona, erróneamente, en un «registro de morosos» constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 24 Abr. 2009, rec. 2221/2002

Ponente: O’Callaghan Muñoz, Xavier.

Nº de Sentencia: 284/2009

Nº de Recurso: 2221/2002

Jurisdicción: CIVIL

Diario La Ley, Nº 7190, Sección La Sentencia del día, 5 Jun. 2009, Año XXX, Editorial LA LEY

LA LEY 34580/2009

La inclusión de una persona, erróneamente, en un «registro de morosos» constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor

RESUMEN

DERECHO AL HONOR. Intromisión ilegítima. La inclusión de una persona, erróneamente, sin que concurra veracidad, en un «registro de morosos» constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

Primer condenado a prisión por lucrarse con las descargas de Internet

Los enemigos de las descargas de contenidos culturales por Internet ya tienen un argumento jurídico para apoyar sus tesis. Hasta ahora, todos los procesos contra páginas web que facilitaban las descargas de archivos audiovisuales habían sido sobreseídos y los imputados absueltos. Un juzgado de la Rioja ha cambiado la tendencia al condenar a un hombre a seis meses de prisión y al pago de 4.900 euros por lucrarse mediante una página web que ofrecía enlaces para descargar películas y videojuegos, protegidos con derechos de autor.