Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificaci ón y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.


Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
// BOE – Boletín Oficial del Estado

I. Disposiciones generales – MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – Actividades empresariales y profesionales. Declaración censal – Referencia: BOE-A-2014-13673 – KBytes: 990 – Páginas: 34
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Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificaci ón y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Las ‘cláusulas suelo’ disparan las quejas al Banco de España


Las exigentes condiciones que las entidades financieras piden a sus clientes dispararon el número de reclamaciones y quejas registradas ante el Banco de España. El supervisor recibió 34.645 reclamaciones durante 2013, lo que representa un aumento del 142,1% respecto al año precedente, según la memoria publicada este lunes por el regulador bancario.

La mitad de todas las quejas están relacionadas con las cláusulas suelo —los topes mínimos de intereses que las entidades incluyen en las hipotecas—. En total, el Banco de España recibió 18.387 reclamaciones relacionadas con estos topes mínimos que impiden disfrutar de la bajada del euríbor y que la justicia considera abusivas. El Supremo dictó una sentencia en mayo de 2013 en la que consideraba que aunque son “lícitas”, estas condiciones deben ser “comprensibles y transparentes”. Y declaró nulas este tipo de cláusulas que aplicaban algunas entidades como BBVA, NCG o Cajas Rurales Unidas a partir de la fecha de la sentencia, aunque no de forma retroactiva.

Desde entonces, los tribunales han dictado un aluvión de sentencias contra el límite de bajadas que los bancos establecían en las hipotecas. Las entidades están perdiendo este año cerca del 90% de las demandas en los juzgados y en las audiencias provinciales. Esta circunstancia ha provocado un cambio en la estrategia en la banca, que opta más por negociar con los clientes que por llegar a los tribunales.

La memoria del Banco de España muestra una foto fija sobre las reclamaciones recibidas el pasado año. El informe, de 426 páginas, consta con un capítulo exclusivo para analizar el fenómeno de las cláusulas suelo. El supervisor explica que en el 82% de los expedientes relacionados con este tipo de condiciones hipotecarias se saldan a favor del reclamante y en el 18% de los casos se emitió un informe a favor a las entidades. “Son numerosas las reclamaciones presentadas invocando no haber sido informados por las entidades de la existencia de un límite inferior al tipo de interés aplicable a sus préstamos que les impide beneficiarse de las bajadas del tipo de interés de referencia cuando la suma de este, más el diferencial pactado, es inferior al límite mínimo fijado en la controvertida cláusula suelo”, apunta el Banco de España.

El Banco de España, además de recopilar los datos sobre reclamaciones, también lanza advertencias a las entidades financieras. “Deberían ser más activas y atender de modo más temprano las reclamaciones en sus servicios de atención al cliente, así como rectificar su actuación contraria a la normativa sobre transparencia y/o buenas prácticas bancarias”.

El supervisor bancario justifica el aumento paulatino de las reclamaciones por “la creciente complejidad de los productos financieros, una mayor sensibilidad de los consumidores de servicios bancarios y la incidencia de la actual coyuntura económica pueden explicar esta evolución global de las reclamaciones que, al margen de las cláusulas suelo”.

Al margen de las cláusulas suelo, otro 31% de las quejas tiene que ver con los préstamos y los créditos. Aunque mantienen una tendencia descendente, que se corresponde también con la menor cantidad de préstamos concedidos por las entidades. Las operaciones de pasivos, aquellas que afectan a depósitos, cuentas corrientes e imposiciones, aumentaron un 40% durante 2013 hasta representar un 28,4% del total. “Citibank, NCG Banco y Cajas Rurales Unidas figuran como las entidades con una mayor ratio de reclamaciones”, según se desprende de la Memoria anual del Banco de España.

Respecto a las zonas geográficas donde más quejas se presentan por diferencias con las entidades financieras destacan Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León y Galicia. Entre todas ellas suman 11.741 reclamaciones, lo que representa el 72,21% del total, un porcentaje muy similar al de años anteriores. “Madrid continúa siendo el territorio donde tiene su origen el mayor número de reclamaciones con 3.835 (un 23,6% del total), si bien este hecho hay que ponderarlo con la circunstancia de que sea Madrid la comunidad autónoma que presenta un mayor volumen de actividad financiera”, precisa el informe.

http://elpais.com/economia/2014/12/22/actualidad/1419275901_438581.html

Las ‘cláusulas suelo’ disparan las quejas al Banco de España

El TS aplica cláusula “rebus sic stantibus”, cuando las circunstancias en el momento de la firma var ían


La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de algunas de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

La Sala de lo Civil explica que el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social ha producido en la actualidad un cambio progresivo de la concepción tradicional de la “rebus sic stantibus”, que tenía un marco de aplicación sumamente restrictivo.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, afirma que ahora se tiende a una aplicación normalizada de dicha figura y se declara “que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias”.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder%2DJudicial/Sala%2Dde%2DPrensa/Notas%2Dde%2Dprensa/El%2DTS%2Daplica%2Dclausula%2D%2Drebus%2Dsic%2Dstantibus%2D%2D%2Dcuando%2Dlas%2Dcircunstancias%2Den%2Del%2Dmomento%2Dde%2Dla%2Dfirma%2Dvarian

El TS aplica cláusula “rebus sic stantibus”, cuando las circunstancias en el momento de la firma var ían

Recuperar el dinero pagado por la cláusula suelo, cuestión geográfica en El Mundo


en las hipotecas está en jaque desde que el Tribunal Supremo (TS) emitiera en 2013 una (auto que sólo afectó, sobre el papel, a tres bancos) por falta de transparencia en su comercialización. Por lo general, los jueces están siguiendo la jurisprudencia de nulidad de la cláusula marcada por el Supremo e incluso algunos estamentos jurídicos más allá, concediendo el carácter retroactivo a sus autos (la devolución a la banca de las cantidades cobradas) que no respaldó el TS, argumentado un criterio de seguridad jurídica para el sector bancario (hay miles de millones de euros en juego).

Desde que el TS tomara la palabra en el controvertido tema de las cláusulas suelo, los estamentos judiciales mayoritariamente han ido declarando de forma constante la nulidad de este suelo (tipo de interés mínimo a pagar en los préstamos). Sin embargo, desoyendo la doctrina del Supremo, contrario a la retroactividad, tanto juzgados de primera instancia como audiencias provinciales están abogando por dar la razón también con carácter retroactivo a los demandantes, que se cuentan por millones..

Esta posición favorable o contraria a la retroactividad en la sentencias depende de la provincia a la que se mire. Ante esta variante realidad, la plataforma Denunciascolectivas.com ha elaborado el mapa de España de la retroactividad de la cláusula suelo. Basándose en los autos emitidos por las audiencias provinciales y en el conocimiento sobre el terreno de sus más de 150 letrados, este organismo concluye que en 23 provincias prospera la retroactividad, mientras que en 17 es denegada por los jueces y en 12 aún no hay pronunciamientos judiciales al respecto.

‘Algunas audiencias provinciales, que inicialmente mantenían el criterio del TS, han modificado su postura’

Además, según puntualiza Javier Gastón, responsable de la plataforma de Denunciascolectivas.com, “se está produciendo, no sólo un posicionamiento a favor de la retroactividad, sino también una evolución en algunas provincias en las que las audiencias provinciales, que inicialmente mantenían el criterio del TS, han modificado su postura, como ha sucedido en Valencia o en Ciudad Real”. Gastón pone en valor el trabajo realizado por su empresa, calificando el mapa como una herramienta informativa idónea para que los afectados sepan a qué atenerse y qué hacer en cada provincia.

“Los bancos, cuando la Audiencia Provincial dicta retroactividad, no suelen recurrir las sentencias de los tribunales de primera instancia, que por lo general dictan la nulidad tanto de la cláusula como de sus efectos, lo que permite recuperar los intereses pagados de más”, apunta Gastón. Este experto incluso afirma que la banca ha retirado todos los recursos sobre retroactividad que había hecho llegar al TS después de que este tribunal deslizara a las entidades un posible posicionamiento favorable a la retroactividad en caso de tener que volver a tratar el tema. “La banca ahora lo último que quieren es que el Supremo vuelva a pronunciarse porque correrían el peligro de que la retroactividad se generalizara en toda España”, declara.

En opinión de Gastón, el mapa de Denunciascolectivas.com cumple la misión de informar a los afectados sobre qué camino tomar a la hora de denunciar: pedir la nulidad de la cláusula suelo y la retroactividad por separado (pudiendo conseguir la primera petición de manera rápida) o solicitar la nulidad y retroactividad en una misma demanda (sólo aconsejable en las provincias, en principio, favorables a la retroactividad). “En aquellas provincias en las que las Audiencia Provincial mantiene la doctrina del Supremo, se recomienda solicitar únicamente la nulidad de la cláusula y una vez conseguida realizar un segundo procedimiento para conseguir la retroactividad por la vía civil”, recomienda. “Es muy importante”, añade, “que los afectados sepan en todo momento cual es la situación real y las posibilidades de éxito de su reclamación”.

“Los procesos judiciales”, recuerda, “son procesos complejos y muchas veces los demandantes interponen demandas sin saber muy bien dónde se están metiendo”, apunta Gaston. Pensando en la posibilidad de recurrir en las provincias contrarias a la retroactividad al TS, Gastón comenta que el Supremo suele respetar y mantener lo dictado por la Audiencia Provincial, por lo que puede conllevar sólo un coste en tasas judiciales y en costas. Pese a todo ello, Gastón indica que actualmente hay una demanda individual de un afectado de Ávila presentada en el TS pidiendo la retroactividad de un afectado que está dispuesto a llegar hasta el final a cualquier precio, rechazando incluso la oferta-pacto de su banco.

‘Casi un 80% de los casos en las provincias con retroactividad acaban en acuerdo antes del juicio’

Gastón aclara, en este punto, que “en casi un 80% de los casos planteados judicialmente en estas provincias (con luz verde a la retroactividad) terminan, si se hace bien el trabajo y se argumenta bien la demanda, con un acuerdo antes de llegar a juicio, permitiendo solucionar el problema en aproximadamente cuatro meses frente a los nueve ó 10 meses que se tardaría, en el mejor de los casos, si se entra en un proceso judicial”. En estas fumatas blancas entre afectados y bancos normalmente el demandante perdona parte del dinero total que debería cobrar por la retroactividad por la devolución de los intereses cobrados indebidamente por la cláusula suelo.

Con esta mapa de la retroactividad sobre la mesa, los afectados pueden estudiar, como manifiesta Gastón, en qué Audiencia Provincial presentan la demanda, según la predisposición de ésta a aceptarla o no. Podría darse, por ejemplo, la circunstancia de que el hipotecado con suelo firmara la hipoteca en una provincia y al mismo tiempo estuviera empadronado en otra. En este caso, podría elegir dónde interponer su denuncia e ir directamente a la demarcación donde tiene las de ganar.

http://www.elmundo.es/economia/2014/12/16/548ea7e0268e3e087e8b456e.html

Recuperar el dinero pagado por la cláusula suelo, cuestión geográfica en El Mundo

TARIFA PLANA para reclamación impagados mediante juicio monitorio


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Ver: El Recobro o Gestión de Impagados: El juicio Monitorio

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TARIFA PLANA para reclamación impagados mediante juicio monitorio

La Administración de Justicia: ¿un problema sin solución? En Expansión


La falta de medios personales y técnicos, el consiguiente colapso de los tribunales o el amplio tiempo de resolución de las causas son algunos de los problemas visibles que hay que solucionar en la Justicia.

La Administración de Justicia lleva años sufriendo evidentes carencias de medios profesionales, económicos y técnicos. La aparición de innumerables causas de corrupción, sumado a los recortes presupuestarios a raíz de la crisis, ha mostrado el evidente colapso de los tribunales.

En esta retrospectiva sobre los problemas de la Justicia, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación de jueces Francisco de Vitoria (Ajfv), Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero, respectivamente, comparten con EXPANSIÓN sus propuestas para mejorar el sistema.

Falta de inversión
Una de las mayores dificultades que sufre la justicia española es la falta de presupuesto con la que cuenta. “Éste es el problema con mayor peso. Si no se desbloquea dinero para adaptar nuestra justicia al siglo XXI, ningún cambio será posible y no conseguiremos nada”, explica Carnicer.

“Tenemos una evidente falta de medios y esto provoca que contemos con una justicia infradotada en todos los sentidos: en gastos en justicia, en número de jueces y en medios técnicos e informáticos. Es difícil poner una cifra exacta, pero es evidente que el Gobierno debería entender que la justicia es un apartado en el que siempre hay que invertir para el buen funcionamiento del país, como sucede en Alemania”, completa Bosch.

Número de jueces
Otro de los asuntos que merma la falta de eficacia y agilidad de nuestra administración de justicia es, según estos expertos, la escasez de jueces.

“Estamos muy por debajo de la media de la UE en el número de jueces por habitante. No sólo no nos acercamos al ratio medio europeo –21 jueces por cada 100.000 personas, según la Comisión–, sino que nos faltan 10 jueces por cada 100.000 ciudadanos para alcanzar ese nivel. Necesitamos duplicar nuestra cifra de magistrados y pasar de los 5.155 actuales a unos 9.000 ó 10.000″, comenta Sexmero.

Evolución tecnológica
“Tecnológicamente estamos anclados en el pasado. Contamos con sistemas informáticos de mediados del siglo XX, cuando estamos en 2014″, dice el portavoz de la Ajfv.

Un dato que corrobora Bosch y que completa al afirmar que “la Administración de Justicia sufre carencias estructurales e informáticas de peso. No es lógico que el sistema utilizado por la Fiscalía no sea compatible con el de ciertos juzgados o el utilizado en las diferentes comunidades autónomas. Tenemos que tender a la eliminación de papel”.

Por su parte, Carnicer pone como ejemplo a seguir el expediente electrónico de justicia gratuita desarrollado por el CGAE.

Los tres aseguran que si se hubiera realizado hace 15 ó 20 años una inversión semejante a la realizada en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social, la situación de la justicia española actual no tendría nada que ver.

Normativas poco eficaces y con mala dotación
La polémica ley de tasas es el ejemplo escogido por los tres expertos como una reforma innecesaria y que ha generado una justicia menos eficaz y que ha limitado drásticamente el acceso de los ciudadanos a ella.

También coinciden en citar como un gran fracaso la ley orgánica sobre la Oficina Judicial. “Esta herramienta lleva 10 años estancada por falta de una inversión adecuada. Es evidente que este sistema habría generado una justicia más eficaz, pero si éste no va acompañado de una dotación adecuada, nunca podrá echar a andar”, asegura el portavoz de JpD.

Reformas necesarias
Sexmero afirma que una de las normas que deberían revisarse con urgencia es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “ya que no se adapta a los tiempos actuales, a las nuevas técnicas de investigación y no aporta las garantías suficientes a muchos procesos”.

De la misma opinión se muestra el portavoz de JpD, que asegura que “se trata de una ley del siglo XIX, farragosa y que no tiene en cuenta la delincuencia actual”.

(Re)organización
Para Bosch, el sistema organizativo de nuestra justicia “es igualmente del siglo pasado y no se ajusta a las necesidades actuales y por eso hay que llevar a cabo una reforma profunda y estratégica, para repartir mejor la carga de trabajo y apoyar a los tribunales más sobrecargados. Pero esto no se debe de hacer mediante la centralización, porque esto implicaría alejar la Administración de Justicia de los ciudadanos”.

Corrupción y sobrecarga
Frente a la sobrecarga de trabajo de los jueces que se hacen cargo de macrocausas, además de los asuntos de su tribunal, Carnicer apuesta por una suerte de liberación del magistrado de los asuntos con menor peso.

Por su parte, Bosch cree que “se está empezando a apoyar a estos jueces, pero es necesario hacerlo más y mejor, para que las macrocausas se resuelvan antes y la ciudadanía perciba que la justicia es justa y eficaz”.

Arbitraje y mediación
Tanto Bosch como Carnicer creen que el arbitraje y la mediación pueden servir de alivio a la Administración de Justicia, pero nunca serán la solución a sus problemas.

Sexmero, por su parte, sí cree en la mediación y piensa que “sería una buena medida para aligerar los procesos penales y evitar conflictos judiciales. Pero siempre que contara con una ley ambiciosa”.

Pacto de Estado
Otro asunto en el que los tres juristas coinciden es en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que dé estabilidad a la justicia española y que prevea un plan de inversión a largo plazo.

De esta manera, la justicia no sufriría los vaivenes generados por los cambios de color político del Gobierno y no viviría desinversiones presupuestarias por la situación económica del país.

Ministro fuerte
Según Bosch, todos los cambios estructurales y estratégicos necesarios para que todo funcione mejor y de manera más ágil sólo pueden venir de la mano de un ministro “fuerte, conocedor de los entresijos de la justicia, concienciado con la necesidad de cambios y que cuente con un equipo ministerial muy técnico e informado”.

Decálogo para un buen funcionamiento Carlos Carnicer, Joaquim Bosch y Marcelino Sexmero creen que existen muchos asuntos por resolver para que la justicia sea más ágil y eficaz, pero proponen ciertas soluciones para cambiar el sentido de esta Administración del Estado:

1. Apostar por la justicia en los presupuestos generales del Estado y adecuar las cifras de inversión a las medias de los mejores miembros de la UE.

2. Ampliar definitivamente el número de jueces para, una vez más, ponerse a nivel de la media europea. España necesitaría duplicar su cifra actual.

3. Mejorar los sistemas informáticos para lograr el objetivo de papel cero.

4. Centrarse en las reformas importantes que permitan agilizar la justicia, como el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. Que antes de generar un cambio legislativo se tenga en cuenta la dotación económica necesaria para llevarla a cabo.

6. Realizar una reforma profunda de la organización actual del sistema judicial.

7. Ampliar el apoyo en cuestión de personal y en asuntos técnicos de los jueces que se enfrenten a macrocausas.

8. Dotar al sistema del arbitraje de una buena ley para que sirva de alivio a la carga de trabajo de los tribunales.

9. Alcanzar un pacto de Estado en cuestión de justicia para realizar cambios a largo plazo.

10. Contar con un ministro conocedor de los problemas que esté dispuesto a realizar cambios radicales para solventarlos.

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La Administración de Justicia: ¿un problema sin solución? En Expansión